Una española reclamada por República Dominicana por tráfico ilegal de menores niega los hechos ante la AN

Dice ser víctima del grupo criminal investigado y alega para no ser entregada que tiene un niño de 10 meses y está en tratamiento por cáncer

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer española que es reclamada por República Dominicana por presuntamente pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes ha negado ante la Audiencia Nacional los hechos que se le atribuyen y se ha negado a ser entregada al país caribeño alegando que es una víctima más, que está en tratamiento por cáncer y que tiene un hijo de 10 meses al que cuidar.

En la vista de extradición celebrada este martes, Carmen H.M. ha negado así pertenecer a ese grupo que, según el escrito de la fiscal se dedicaba "a captar menores de edad con el propósito de llevarlos al exterior del país con documentos obtenidos de manera fraudulenta".

El Ministerio Público ha sostenido ante el tribunal que se debe proseguir con la extradición porque pese a ser ciudadana española, concurren los requisitos para la misma y la Constitución Española no prohíbe la entrega de nacionales a terceros países, máxime cuando hay tratado de extradición vigente.

Apoya la entrega además en que la causa en el país caribeño está muy avanzada, con escrito de acusación y pendiente ya de juicio oral, en que las pruebas esenciales del caso residen en el país reclamante y en que la reclamada pertenecía a un grupo de personas que va a ser juzgado en República Dominicana, por lo que lo lógico es que sea incluida en esa vista conjunta.

MEDIADORA Y CON DESPACHO PROPIO

A preguntas de su defensa, el abogado es Gonzalo Boye, la reclamada ha explicado que trabaja como mediadora para el Colegio de Abogados, que tiene despacho propio y que es paciente oncológica desde 2014.

Su defensa ha fundamentado la oposición a la entrega en que están pendientes de un recurso ante el Tribunal Supremo de la autorización del Consejo de Ministros para que el asunto continuara por la vía jurisdiccional. "Estamos en la vía jurisdiccional por acuerdo del Consejo de Ministros, pero se equivoca en los hechos y en el derecho que aplica", ha resaltado.

Dado que el Supremo ha admitido a trámite su recurso, la defensa entiende que no tiene sentido seguir construyendo la causa cuando "la base está cuestionada". "Hay que suspender la entrega hasta que se resuelva", ha explicado.

Por otro lado, ha sostenido que la reclamada en realidad no es sino una víctima más del delito dado que conversaciones recogidas en la causa apuntan a que en realidad la organización criminal se aprovechó de su ingenuidad.

Además, Boye ha añadido que si se pretende seguir con la causa, se puede continuar la instrucción en España. "Que presente una querella el fiscal y a ver lo que dura en instrucción", ha incidido apuntado a una falta de indicios.

Por último, Boye ha explicado que a todo esto se le ha de sumar su estado de salud y que tiene a cargo a un menor --fruto de gestación subrogada--. Para el letrado, el tribunal debe valorar que en la causa entra en juego además el derecho del menor y el derecho a la salud física, porque ha dudas de que pudiera seguir allí su tratamiento oncológico.

NIÑOS PRESUNTAMENTE MALTRATADOS

En el escrito de la fiscal, se explica que la estructura criminal simulaba que los niños habían sido maltratados en República Dominicana y solicitaban asilo de protección en España a favor de ellos. Carmen H.M. era quien, según el escrito, les daba acogida en España ""apartándolos de su familia biológica".

Según reza el escrito, la reclamada "ingresó en la República Dominacana en el mes de enero del año 2023 para planificar y financiar el traslado de los niños que fueron rescatados (...) cuando intentaba llevarlos a España". "Existen evidencias de transferencias de dinero realizadas desde España por Carmen H.M. para la imputada (...), e igualmente pagó los pasajes aéreos" para los menores objeto de tráfico.