ETA.- Los etarras acusados de matar a Ignacio Uria se niegan a declarar ante el tribunal

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los etarras Beinat Aguinagalde y Joanes Larretxea, que se enfrentan cada uno a 59 años de cárcel por el asesinato del empresario guipuzcoano Ignacio Uria Mendizabal en 2008, se han negado a declarar este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga por estos hechos.

Los dos acusados, a los que la Fiscalía les atribuye delitos de integración en organización terrorista, detención ilegal terrorista, robo de uso de vehículo a motor, daños terroristas y delito de asesinato, se han limitado a decir, en el caso de Larretxea en vasco, que no iban a hacer ninguna declaración.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Miguel Ángel Carballo, el comando, responsable hasta entonces de ataques como el cometido contra la sede del PSOE en Lazkao o contra la Universidad de Pamplona --ambos en 2008-- decidió "dar un salto cualitativo" y asesinar al empresario, dentro de su campaña "de intimidación y terror" contra la construcción en Euskadi del tren de alta velocidad.

Por estos hechos Manex Castro Zabaleta e Iraitz Santa Cruz Ugalde, ambos miembros del comando Ezuste, fueron juzgados y hoy han comparecido como testigos. El primero de ellos, que fue condenado a una pena de 44 años de cárcel, ha dicho que sus declaraciones en el juicio que se siguió en su contra "fueron bajo tortura y amenaza" y que no se acuerda de nada de lo sucedido.

"La Ertzaintza me obligó a aprenderme el texto. No me acuerdo de nada. Me golpeaban, no me dejaban dormir y psicológicamente me presionaban", ha dicho Manex Castro, a quien el fiscal le ha preguntado si había tenido algún accidente que le hubiera hecho perder la memoria. "Pues no", ha respondido el condenado.

COMANDO EZUSTE

El 3 de diciembre de ese año Castro, junto con el liberado Lurgi Garitagoitia y Urraiz Errazkin, se dirigió en un vehículo prestado a un parking donde encañonaron a un hombre propietario de otro vehículo, lo introdujeron en el maletero del que ellos portaban y lo trasladaron a otro punto de la localidad guipuzcoana de Itziar.

Aguinagalde y Larretxea volvieron con el coche robado hasta el lugar donde se encontraba la víctima (entonces miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias para la construcción del AVE), y uno de ellos se bajó del coche y le asestó tres disparos que provocaron su muerte. Tras los hechos se fugaron, prendieron fuego al vehículo y liberaron al dueño del mismo que permanecía secuestrado.

Los dos acusados fueron entregados por Francia a España tras la emisión de sendas órdenes europeas de detención; Beñat en abril de 2014 y Larretxea un mes después. Sobre Beñat pesan varias condenas entre ellas la que recibió en 2015 de 32 años de cárcel por asesinar de varios disparos en 2008 a Isaías Carrasco, concejal socialista en Mondragón (Guipúzcoa).

Por su parte Santa Cruz Ugalde, que fue quien prestó su vehículo a Aguinalde para la comisión del delito, se ha negado igualmente a declarar. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, se trató de la segunda vez que le dejó su coche ya que se lo había dejado previamente al acusado para colocar un artefacto explosivo en los juzgados de Tolosa.

DENUNCIAN TORTURAS

El tribunal de la Audiencia Nacional también ha tomado declaración en calidad de testigo a Miren Josune Balda, que acogió en su domicilio a los miembros del comando Joanes Larretxea e Iurgi Garitagoitia, a su llegada a España hasta su huída a Francia en marzo de 2009. Fue condenada a siete años y medio de prisión por prestar auxilio en su casa en el año 2009 al miembro de ETA Ibai Beobide, testigo también del procedimiento por el asesinato del empresario vasco.

En sintonía con el resto, Balda ha asegurado que la Guardia Civil le indicó todo lo que tenía que decir ante el juez en el juicio que se siguió en su contra. Preguntada por si recuerda si acogió a uno de los dos acusados, tal y como apunta el fiscal en su escrito, la testigo ha dicho que no lo recuerda.

Ibai Beobide, condenado a 29 años de cárcel por atentar contra la sede central de EITB en 2008 y a 20 por ocultar explosivos en un zulo, ha reconocido que incriminó a amigos suyos de la infancia en sus declaraciones judiciales porque le obligaron a ello bajo amenazas de tortura, si bien cuando "se vio a salvo de esa panda de salvajes" le dijo al juez "la verdad".