Un exalcalde imputado por Púnica guardaba una pistola con la licencia de armas caducada

La Guardia Civil incautó el arma porque, al tratarse de un imputado "por delitos graves", existía "peligro para la seguridad"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Moraleja de Enmedio (Madrid) Carlos Alberto Estrada (PP), imputado por cinco delitos de corrupción en el 'caso Púnica', guardaba en su domicilio de la localidad una pistola que tenía caducada la licencia de armas desde el 5 de octubre de 2009.

El acta de intervención del arma, que forma parte del sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los investigadores del instituto armado que procedieron a registrar el domicilio de Estrada el 9 de junio pasado encontraron un arma corta de la marca Glock modelo 26 de 9 milímetros parabellum, dos cargadores y 50 cartuchos para esta pistola.

"El arma pertenece a Carlos Alberto Estrada Pita, residente en el domicilio registrado junto a su pareja y tres hijos", señala el documento de la Benemérita, que procede a su incautación temporal al tratarse de una persona investigada "por delitos graves" y existir "peligro para la seguridad".
*EN LIBERTAD PROVISIONAL

Estrada declaró el pasado 11 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que le dejó en situación de libertad provisional tras imputarle por los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho. Además, le impuso comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a su domicilio.

Estrada fue detenido un día antes junto a su pareja, la ingeniero municipal del Ayuntamiento, Teresa Martín, por los contratos de eficiencia energética que la Corporación suscribió con la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez.

Las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez solicitaron la libertad bajo fianza de 50.000 euros para Estrada, que era entonces alcalde en funciones del municipio, y la ingeniero municipal, aunque el magistrado finalmente acordó las citadas medidas cautelares.

La trama Púnica, desarticulada en octubre de 2014, consiguió contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.