Excargos del Gobierno se acogen a su derecho a no declarar sobre mascarillas repartidas por Sanidad

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Dos excargos de Sanidad y otros tres responsables adscritos al Ministerio se han acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez en el marco de la causa en la que se investiga si el departamento dirigido por Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia repartió mascarillas "defectuosas" al personal sanitario, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las mismas fuentes han indicado, además, que la Abogacía del Estado --que ejerce la representación de los cuatro-- ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid al entender que hay un "defecto" en el procedimiento en el que se les investiga.

En el marco de una batería de diligencias que ha ordenado, el instructor pretendía escuchar a Patricia Lacruz Gimeno, ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; a Cristina González, quien fuera subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020; y a Isabel Pineros, exvocal asesor del Ministerio.

Aunque estos investigados --al igual que otros dos imputados-- se han acogido a su derecho a no declarar, otros dos que también han comparecido este martes han contestado a las preguntas de las partes en sede judicial.

Según las fuentes consultadas, una de las investigadas que sí ha declarado --técnica de prevención de riesgos laborales en Parc Taulí Hospital Universitari-- ha relatado al juez que al llegar las mascarillas al centro sanitario se dio cuenta y avisó de que tenían "defectos".

La técnico ha apuntado, además, que como sospechó que los equipos protección individual (EPI) no serían correctos, los envió al Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo con sede en Sevilla para su análisis.

La que fuera subdirectora de prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud en aquel momento también ha contestado a las preguntas del juez y ha señalado que unos 9.000 sanitarios utilizaron las mascarillas que ahora se investigan.

LA INVESTIGACIÓN

El juez Carlos Valle acordó estas citaciones el pasado febrero, después de que en diciembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la investigación que archivó contra el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, por "haber facilitado al personal sanitario --durante la primera etapa de la pandemia-- mascarillas defectuosas sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente".

La Audiencia de Madrid corrigió al juez tras dar la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y estimar su recurso. Los magistrados revocaron la resolución del instructor para que éste diera comienzo a la investigación penal.

En aquel auto, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, ordenaron al juzgado que dirigiese oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) "a fin de que se expida certificación de resultados de los análisis de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95" que fueron "adquiridas por el Ministerio de Sanidad".

Asimismo, ordenaron al juzgado que dirigiera oficio al Ministerio de Sanidad para que aportase los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de dichas mascarillas; una copia de las comunicaciones recibidas por parte de Aragón y Cataluña el día 10 de abril de 2020; y la documentación recibida de todas las comunidades autónomas sobre la ejecución de la orden de retirada.

El juzgado así lo hizo y ahora celebrará una batería de interrogatorios para continuar con la investigación que surge a partir de la querella que presentó la CESM el 27 de abril de 2020 en el Tribunal Supremo contra Illa, que entonces era ministro de Sanidad.

En la querella, se le atribuía al exministro un delito contra los derechos de los trabajadores "por haber facilitado al personal sanitario una serie de mascarillas FFP2 N95 que no cumplían con las normas de seguridad (...) sin adoptar medidas de control y verificación de su idoneidad previas a su distribución".

En diciembre de 2020, el Supremo inadmitió esta y otras querellas contra cargos aforados por la gestión de la pandemia y envió varias de ellas a los juzgados de instrucción de Madrid.