Una responsable de la Generalitat asegura que recibió ordenes para no hacer ninguna contratación relacionada con el 1-O
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Los exdiputados de Junts pel Sí Lluis Corominas y Anna Simó, que fueron miembros de la Mesa del Parlament bajo presidencia de Carme Forcadell -para quien se piden 17 años de cárcel por un delito de rebelión en la causa del 'procés' independentista en Cataluña-- han exculpado a la exdirigente de responsabilidad respecto de las propuestas de resolución y legislativas que se tramitaron en dicha Cámara durante el otoño de 2017 y que concluyeron con la aprobación de las denominadas leyes de desconexión.
Ambos testigos fueron procesados por desobediencia por estos mismos hechos si bien serán juzgados finalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) junto a tres de sus excompañeros de Mesa y la diputada de la CUP Mireia Boya, si bien ello no les ha impedido contestar este martes a la mayor parte de las preguntas que le han realizado tanto la abogada de Forcadell, Olga Arderiu como los fiscales.
Así, tanto Corominas -que estuvo en la Mesa pero hasta finales de julio de 2017, antes de que se tramitaran las leyes de desconexión-, como Anna Simó han negado a preguntas de la defensa que Forcadell les diera jamás ninguna indicación sobre lo tenían que hacer en dicho órgano.
Han añadido que tampoco utilizó su voto de calidad para determinar la admisión de ninguna de sus propuestas. De hecho, Forcadell propició la participación en este órgano de grupos parlamentarios sin representación, como PP y la CUP, que tenían voz aunque no voto.
Ambos testigos también han coincidido en señalar que la práctica totalidad de asuntos que se registran son admitidos por la Mesa, puesto que el artículo 37 del Reglamento de la Cámara únicamente obliga a comprobar requisitos formales.
En una de las admisiones realizadas, relativa al denominado debate de orientación política (para plantear un referéndum vinculante) lo que se miró para admitirla fue simplemente si la citada resolución era congruente con el debate del que derivaba, y tras ello se admitió.
Otro tipo de iniciativas, como proposiciones de ley por iniciativa popular, sí exigían entrar en el contenido según Corominas, quien pese a ser miembro de la Mesa desde 2008 ha manifestado no recordar, por estar convaleciente en ese momento, una propuesta de 2010 sobre independencia que sí fue rechazada por la Mesa dado su contenido inconstitucional.
Respecto a las advertencias tanto del letrado Mayor como del secretario general del Parlament -derivadas de las resoluciones del Tribunal Constitucional- ha señalado que Forcadell se las hizo llegar a todos ellos si bien éstas no eran vinculantes.
Sobre otro aspecto de los debates en la Mesa, relativo a la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, tanto Corominas como un testigo que ha contestado previamente, el que fuera secretario general de las Cámaras Pere Sol, han recordado que el propio diputado del PP Enric Millo manifestó su conformidad con el hecho de que este asunto se tramitara de este modo.
El término referéndum, según ha insistido durante su declaración Corominas, no "afloró" en la Cámara hasta la cuestión de confianza a la que se sometió posteriormente el expresident Carles Puigdemont, algo que no fue cuestionado por ningún grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional.
COROMINAS DEJA DE DECLARAR
En un momento dado el abogado Javier Melero -que defiende en esta causa al exconsejero del Interior Joaquim Forn- ha intervenido advirtiendo que lo hacía como defensor de Corominas en la causa ante el TSJC, y poniendo de manifiesto que las preguntas que en ese momento le estaba realizando el fiscal Javier Zaragoza podrían entenderse como incriminatorias. Tras un receso y consultarlo con su letrado, el exparlamentario de Junts pel Sí ha rechazado seguir contestando a las acusaciones.
Por lo que se refiere a Simó su aportación como testigo ha sido muy similar a Corominas si bien ha añadido que pudo ver a Forcadell en la tarde del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía donde una multitud protestaba por los registros que se estaban produciendo en dicha jornada en diversas sedes de la Generalitat. "Fue un momento, cuando se saludó con el vicepresidente Junqueras", ha manifestado.
En la sesión ha intervenido también a requerimiento de la defensa la letrada de las Cortes Mercé Arderiu -que ha aclarado que no tiene ninguna relación familiar con la abogada de Forcadell-- y que ha redundado también en que en la Mesa del Parlament únicamente valora los requisitos formales de las propuestas. Incluso advierte de posibles irregularidades para que puedan ser subsanadas, ha añadido la testigo.
La letrada también ha sido cuestionada sobre la inclusión en el orden del día del Pleno del 6 de octubre de 2017 de la Ley de Referéndum, que fue aprobada en una jornada maratoniana. Ha recordado que el Orden se alteró a solicitud de dos grupos parlamentarios (Junts pel Sí y el de la CUP) y que la presidenta Forcadell no tenía capacidad de vetarlo. "No tenía ninguna capacidad para parar el Pleno", ha añadido.
La primera testigo de la tarde ha sido Montserrat Vintró, subdirectora de gestión económica de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que ha explicado el procedimiento a seguir en los expedientes de contratación. Ha sido citada a declarar por el abogado Josep Riba, que ejerce la defensa del que fuera responsable catalán de esta cartera Carles Mundó para desmontar la acusación por malversación de caudales públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En este sentido, la testigo ha afirmado que Mundó tenía las competencias de contratación delegadas en el secretario general del departamento o del director de servicios y que le dieron instrucciones que provenían del exconsejero para que no se iniciaran compromisos relacionados con el 1-O. A su vez, ha explicado que todos los expedientes son públicos y que deben estar firmados por al menos "20 funcionarios" de ese departamento, con la imposibilidad de que otro pueda intervenir.
VOTANTES DEL 1-O
Después han declarado, a propuesta de la defensa del presidente de mnium Cultural, Jordi Cuixart, dos votantes en el referéndum ilegal que han asegurado que fueron agredidas por las actuaciones policiales en los colegios en los que depositaron su voto.
La primera de ellas ha sido María Luisa Carrillo, que ha contado que debido a que dos agentes de la Policía Nacional le "estrellaron" contra el suelo, lo que le provocó una fractura pélvica que le impidió "valerse" por sí misma "durante cuatro meses".
La testigo ha mostrado su "indignación" por estos hechos, ya que ha concluido su relato dando un golpe en la mesa, por lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha pedido que se "calme", e incluso le ha comunicado que su testifical podría ser aplazada hasta que se tranquilizase.
Carrillo ha continuado declarando y ha enfatizado que el 1 de octubre fue a dar su "opinión limpia y clara" ya que es "una ciudadana libre". "Si no hay opinión de los ciudadanos, díganme ustedes dónde vamos", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que ningún otro votante le dio instrucciones de dónde debía colocarse para hacer frente a los policías porque, según ha dicho, no lo hubiese "tolerado".
Posteriormente, ha comparecido Esther Raya, que ha relatado la Policía Nacional en el colegio Pau Claris (Barcelona) sacó a los manifestantes "de malas maneras", "arrastrándoles" y sin decirles "nada". Ha aprovechado su declaración para manifestar que tiene "indicios" de que este Cuerpo posee el teléfono móvil que llevaba ese día, ya que, tal y como ha señalado, "se han conectado desde Andalucía". También ha asegurado que le han borrado conversaciones de WhatsApp y fotografías.
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