El exconsejero José Antonio Viera acude a los juzgados citado por el caso ERE
EUROPA PRESS

Se acoge a su derecho a no declarar por dos ayudas al Ayuntamiento de Alcolea (Sevilla) hasta tener acceso a la totalidad de las actuaciones

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha asegurado este jueves que esta "deseando" que "llegue la fecha" del juicio del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Sevilla pero para el que todavía no hay fecha señalada.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que José Antonio Viera ha comparecido como investigado en la mañana de este jueves ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, por dos ayudas de 60.000 euros cada una concedidas al Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla).

Las mismas fuentes consultadas han precisado que, en su comparecencia, el exconsejero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar debido a que no ha tenido acceso a la totalidad de las actuaciones que conforman esta pieza separada del caso ERE, por lo que considera que "no es el momento procesal oportuno" para prestar declaración.

De este modo, la defensa de José Antonio Viera ha solicitado por escrito al Juzgado dicha documentación, y el propio exconsejero se ha puesto a disposición de la juez para prestar declaración en el momento en que tenga acceso y pueda estudiar dicha documentación. "Hasta que no la tengamos, no podemos prestarnos a declarar", ha explicado su letrado.

"QUIERO QUE CONCLUYA ESTO LO ANTES POSIBLE"

Una vez concluida la comparecencia, y ya en la puerta de los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla, Viera ha señalado que está "deseando" que "llegue la fecha" del juicio de los ERE, en referencia a la pieza 'política' del caso por la que están procesados un total de 26 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Quiero que concluya esto lo antes posible", ha dicho el exconsejero en declaraciones recogidas por Europa Press, añadiendo que el procedimiento dura ya "demasiado tiempo" y lamentando que "no está en su mano, desgraciadamente", que se pueda señalar ya la vista oral.

La juez Núñez citó como investigado a Viera en la pieza separada de los ERE relativa al Ayuntamiento de Alcolea a petición de la Fiscalía Anticorrupción, todo ello en un auto en el que rechazó asimismo imputar al que fuera alcalde socialista de esta localidad sevillana, Carlos López Barrera.

En un escrito elevado al Juzgado, Anticorrupción solicitó a la juez la citación como investigados de José Antonio Viera, del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y del ex primer edil de Alcolea.

Así, la Fiscalía precisa que el ex alcalde se refirió a Viera, en la fecha de los hechos consejero de Empleo, "como la persona que le concedió verbalmente, al menos, la primera ayuda de 60.000 euros" en una reunión "en la que también estaba presente" Guerrero, "y que también como consejero amparó la concesión de la segunda ayuda".

GUERRERO Y LOS "COMPROMISOS POLÍTICOS"

La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social habría concedido al Ayuntamiento de Alcolea del Río dos ayudas de 60.000 euros --pagadas en 2003 y otra en 2004-- con cargo a la partida presupuestaria 31.L para la celebración de la Feria de Desarrollo Rural Equivir.

Guerrero compareció como investigado ante la magistrada la pasada semana por las ayudas concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios y Villafranca y Alcolea del Río y, aunque se acogió a su derecho a no declarar, sí quiso manifestar que él no tomaba las decisiones y que simplemente "documentaba los compromisos políticos".

Hay que recordar que tanto Viera como Guerrero permanecen encausados en la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, de manera que la Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

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