Exfiscal de la AN aboga por aplicar a Puigdemont las "máximas penas" y rechaza negociar "con delincuentes"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El penalista y exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) Ignacio Gordillo ha abogado por sancionar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, las "máximas penas" por delito de "rebelión" y ha recalcado al Gobierno que "no se puede negociar con delincuentes".

Ha explicado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press que, a su juicio, la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña por parte Puigdemont es "un golpe de Estado". En este sentido, lo ha equiparado al golpe que dio Tejero el 23-F y ha recordado que conlleva una sanción, según recoge el Código Penal.

"Es comparable a lo del señor Tejero, a otro nivel, pero igual", ha asegurado Gordillo, que ha destacado que es un hecho "punible" para el que se contemplan las "máximas penas". "(Puigdemont) Debe ser sancionado y castigado", ha aseverado.

El exfiscal de la Audiencia Nacional ha afirmado que está "clarísimo" que al líder del Ejecutivo catalán se le debe acusar de "rebelión", aludiendo el artículo 472 del Código Penal. Esta sección incluye entre sus preceptos una declaración de independencia "de una parte del territorio nacional" como uno de los casos en los que, de llevarse a cabo "violenta y públicamente" se estaría delinquiendo.

APLICAR EL 155

Gordillo ha recalcado que la ley es lo "único" que se debe aplicar. En esta línea, ha defendido la activación del artículo 155 de la Carta Magna para frenar la deriva soberanista catalana. Dicho artículo --que se activa previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado-- señala que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones--.

El exfiscal de la AN, que ha dado por hecho que Puigdemont no atenderá la petición el Ejecutivo, ha argumentado que la Generalitat "ha incumplido totalmente" sus funciones porque la declaración unilateral de independencia no está dentro de su competencia.

El artículo 155 indica que el primer paso es que el Gobierno haga una petición a Carles Puigdemont para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y el interés general, requerimiento que desde el Ejecutivo se ha apuntado estos días que se aprobaría en Consejo de Ministros. La Constitución no impone plazos para que el presidente requerido responda, pero podría ser cuestión de horas.

Si Puigdemont no atiende lo que se le exige o no responde, es cuando el Ejecutivo puede recurrir al Senado para obtener su autorización para aplicar medidas, donde el PP tiene la mayoría absoluta.

"No se puede negociar con delincuentes", ha señalado, para después advertir de que el Código Penal establece las consecuencias para el que no se atiene a las leyes y al Estado de derecho.