Exmagistrado del Supremo ve oportunismo en la prisión permanente revisable y acusa al Gobierno de "legislar en caliente"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín considera una medida de "oportunismo político" la ampliación de los delitos para aplicar la prisión permanente revisable, y ha acusado al Gobierno de "legislar en caliente".

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes introducir cinco nuevos supuestos para esta figura penal: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

En declaraciones a Europa Press, Martín Pallín opina que esta medida es "inútil" y, en ciertos casos, " algo pintoresca", en referencia a los asesinatos consecuencia de ataques nucleares o por elementos radiactivos.

En lo que respecta al asesinato después de un secuestro, el exmagistrado, que actualmente ejerce como abogado en el despacho Life Abogados, ha reprochado al Ejecutivo que haya hecho esta propuesta tras la localización del cadáver de Diana Quer.

Y sobre la obstrucción en la recuperación de los restos mortales, Martín Pallín cree que no habría sido necesario incluir este supuesto porque si lo que se quiere es localizar el cuerpo, podría solucionarse introduciendo "atenuantes" en la condena.

Además, ha querido dejar claro que en los países en que se aplica este tipo de pena se ha comprobado que pueda tener "efectos disuasorios" antes de la comisión del delito. De hecho, ha remarcado que "así lo indican siempre las encuestas".

Por otra parte, el exmagistrado del Supremo considera que el proyecto de ley aprobado este viernes por el Gobierno tampoco da solución a la regulación para la ampliación de esta pena.

Según la legislación actual, "cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes".

Para Martín Pallín, la nueva reforma propuesta por el Ejecutivo "no cumple los requisitos que marca el Convenio Europeo de Derechos Humanos", que en su artículo 3 prohíbe los "tratos inhumanos o degradantes".