Exsecretario de Estado de Interior recuerda a Podemos que ser diputado "no es bula que exima de consultas policiales"

Avisa que pretender no ser objeto de ese tipo de consultas sería como "reconocer la existencia de una 'casta' política con privilegios"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa del que fuera secretario de Estado de Interior Francisco Martínez ha señalado, en el marco de la causa en la que la Audiencia Nacional (AN) le investiga por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos, que "ser candidato o diputado de esa formación no es una bula que exima de consultas de antecedentes policiales".

En un escrito por el que se opone al intento de la líder 'morada' Ione Belarra de personarse en la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, resalta que según los últimos informes del Ministerio Público "las diligencias practicadas no han relevado un plan para efectuar consultas sistemáticas en las bases de datos policiales sobre diputados del partido político" en la época en la que Martínez era secretario de Estado.

Y recuerda a la formación política que "todos los ciudadanos están sometidos habitualmente a esas consultas, ya sean automáticas, ya manuales: denuncias, renovación DNI o pasaporte, hoteles, viajes en avión, acceso a organismos oficiales o acontecimientos públicos, control de tráfico, etc".

"CASTA POLÍTICA CON PRIVILEGIOS"

"Pretender que por militar en determinada formación política no pueden hacerse tales controles, propios de la operativa policial ordinaria, sería tanto como reconocer la existencia de una 'casta' política con privilegios", añade.

Al hilo, la defensa de Martínez incide en que no es de recibo sostener que "las consultas automáticas pueden estar diseñadas para 'saltar' si se trata de un diputado de Podemos", y más cuando "el amplio período analizado incluye muchos meses en los que ni siquiera ostentaban tal condición" de diputados, habida cuenta que el mandato parlamentario que incluyó a los nuevos diputados de la formación "comenzó el 13 de enero de 2016".

Por eso, recalca que "nadie puede defender con un mínimo de rigor" que en 2015, antes incluso de la convocatoria de elecciones generales, "se perseguía a quien un año después acabaría siendo diputado, como si se tratase de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto".

Y lamenta que "el verdadero plan para consultar las bases de datos policiales de diputados de Podemos es el que ha ejecutado el juzgado a instancia de los querellantes en la presente causa".

Esto es así, sostiene, porque gracias a ellos ahora ha trascendido información sensible sobre dichos diputados "y, lo que es peor, sobre muchas personas que simplemente se apellidan como ellos, lo que ya es el colmo". De hecho, insiste, se trata de "una manifiesta y gravísima" vulneración de la ley que protege los datos personales.