MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La viuda y la madre de dos presos fallecidos en la cárcel de Pavón de Guatemala han reclamado este lunes en la Audiencia Nacional justicia por la muerte de sus familiares en septiembre de 2006 debido a una de las operaciones de recaptura de presos ordenada presuntamente por el exministro de Gobernación del país centro americano Carlos Roberto Vielmann.
"No me gustaría que esto quedara impune y que la justicia de España fuera como la de Guatemala(...) ustedes puedan hacerles pagar a ellos", ha dicho la viuda de uno de ellos, Jaqueline Orellana Barrios, en referencia a Vielmann y a los seis subordinados que presuntamente ayudaron al exministro a desarrollar la operación 'Pavo Real' y un año antes el plan 'Gavilán' para la captura y la ejecución de ocho presos que se amotinaron o intentaron la fuga en las cárceles conocidas como 'El Infiernito' o Pavón.
"Ante todo reclamo justicia y por eso vengo de Guatemala porque allí la justicia sólo es para el que puede el tiene dinero", ha destacado Orellana ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta misma línea ha defendido también la madre de una de las víctimas, que ha pedido una indemnización y deseado que en España se haga justicia ya que, según ha dicho, en el país centroamericano están "bastante atrasados".
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 'plan Gavilán' se planificó para la "búsqueda y recaptura" de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito' y ponerlos a disposición del equipo policial y "matarlos". En esta operación murió una persona.
Los siete restantes fallecieron a causa del plan 'Pavo Real', que se diseñó en junio de 2006 --se puso en marcha el 25 de septiembre del mismo año--, para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes, según indica el fiscal.
CONOCIERON LA MUERTE DE SUS FAMILIARES POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las dos mujeres que han declarado como testigos han destacado que se enteraron de la muerte de sus familiares por los medios de comunicación y que confirmaron la mala noticia cuando se acercaron a la morgue. Además, también han indicado que los dos presos alertaron el día previo a las operaciones de que eran conscientes de que iba a ver una "requisa".
Orellana ha precisado que su marido le pidió que "estuviera pendiente" porque "había rumores de que podía haber una posible requisa en la prisión". Por su parte, la madre de la otra víctima ha apuntado que su hijo no tenía miedo porque ya en la otra cárcel de la que provenía era habitual que hubiese este tipo de actuación policial.
La viuda de una de las víctimas ha explicado que el día anterior al suceso fue a visitar a su marido y ha destacado que no le dejaron entrar en las instalaciones penitenciarias y le pusieron "muchas excusas", al igual que a él tampoco le dejaron salir ni "acercarse a la valla".
NO TENÍAN ARMAS
Orellana también ha señalado que su marido la advirtió de que le "pusieron en distintos lados del centro carcelario" y que le entregaron armas para después poder acusarles de ser los dueños de las mismas. "Eso es mentira porque ellos armas no tenían", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que se enteró de la muerte de su marido por la radio.
En cuanto a la otra testigo, que ha declarado por videoconferencia, ha dicho que ella no se empezó a preocupar hasta que no comenzó a echar en falta la llamada diaria de su hijo. Ha contado que cuando se acercó a Pavón nadie le informaba de nada de lo ocurrió y ha asegurado que fue "la voz de Dios" la que le dijo: "ve a la morgue".
Sin embargo, ha afirmado que conoció los detalles del asesinato de su hijo porque un compañero se lo comentó. Mientras hacían una fila para ser llevados a 'Pavoncito' --otra zona penitenciaria dentro de la Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón'--, "dos encapuchados" mencionaron su nombre y al responder a éste le sacaron de la mismas y a "pocos pasos que caminaron, ahí le mataron", ha recordado.
FISCALÍA PIDE 160 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EXMINISTRO
La Fiscalía pide para Vielmann un total de 160 años de prisión, 20 años por cada uno de los asesinatos, además de la inhabilitación absoluta con el límite de cumplimiento de 40 años. Asimismo, el exministro deberá indemnizar en 300.000 euros a los familiares de cada uno de los fallecidos.
La vista oral, que comenzó el pasado 10 de enero, tiene lugar casi tres años después de que la Sección Cuarta confirmase el procesamiento del exministro. En noviembre de 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió sentar en el banquillo a Vielmann al considerarlo autor de la creación de una "estructura criminal parapolicial" y "un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación" para "ejecutar extrajudicialmente" a los reclusos.
El exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Roberto Vielmann negó durante su comparecencia haber participado en la elaboración de dichos planes. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, mi nombre no lo iba a manchar", subrayó.