Fiscal eleva a definitiva su petición de inhabilitación para el diputado de ERC juzgado por desobediencia

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha elevado a definitiva su petición de 8 meses de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación para el diputado de ERC Joan Josep Nuet por un delito de desobediencia agravado, por haber votado a favor de determinadas resoluciones independentistas pese a las advertencias de Tribunal Constitucional (TC) cuando era secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña en la XI Legislatura, en la que era diputado de SíQueEsPot.

El juicio por estos hechos, que comenzó este jueves en el Tribunal Supremo, ha celebrado su segunda sesión con el testimonio de tres testigos: el que fuera miembro de la Mesa y diputado del PSC David Pérez Ibáñez en los días en los que se produjeron los hechos; el letrado mayor del Parlament de Cataluña Antonio Bayona y el Secretario general de la cámara autonómica, Xabier Muro.

Todos ellos han respondido a las preguntas del fiscal Jaime Moreno y de la abogada del Estado Maria Rosa Seoane, quienes junto con Zaragoza fueron también los encargados de acusar durante el juicio contra los líderes independentistas del 'procés' en la primera vista que se celebró por estos hechos en el alto tribunal.

Los tres testigos han detallado las vicisitudes ocurridas en la Mesa del Parlament respecto de la tramitación de determinadas iniciativas políticas independentistas que venían a contravenir postulados constitucionales y de las que fueron advertidos los miembros de este órgano parlamentario por el propio Tribunal Constitucional. Sobre el papel de Nuet en estos procedimientos ninguno de ellos ha podido recordar cuál fue éste exactamente, y se han remitido a lo constatado en las actas redactadas sobre cada reunión, que obran en el procedimiento.

Así, Pérez Ibáñez ha recordado como antes incluso de que el Tribunal Constitucional se posicionará por primera vez se pidió informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la inicial de las resoluciones del 'proces', uno de cuyos postulados señalaba que el Parlament no estaría supeditado a las resoluciones del tribunal de garantías.

Los diputados tuvieron que posicionarse en este asunto si informe, ya que no se aceptó por la Mesa la elaboración de éste documento y cuando llegó, más tarde, éste ya tenía en cuenta que el TC había dejado en suspenso la citada resolución por contravenir al orden constitucional.

El que fuera miembro de la Mesa esos días por el PSC se ha referido también a la anormalidad del hecho de que las denominadas leyes de desconexión con España -Ley de Referéndum y de Transitoriedad Política- no fueran llevadas inmediatamente a la Mesa tras ser registradas.

Las preguntas de la abogada del Estado a todos los testigos que han comparecido este jueves se han referido a la admisión a trámite de la Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat de 2017, que según Pérez se admitieron pese a que en la Mesa apenas tuvieron unos minutos para repasar el proyecto, en una jornada en la que los medios de comunicación hablaban de la existencia de partidas para financiar el referéndum ilegal que no pudieron localizar en dicho momento.

Sobre este asunto, tanto Bayona como Muro han corroborado que se expusieron dudas sobre este hecho de que los medios de comunicación informaran de dichas partidas y que ellos advirtieron a los diputados que, de ser así, la existencia de estas cláusulas en el proyecto supondrían una vulneración de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

A preguntas de la defensa ejercida por el letrado Enrique Leiva, el diputado del PSC ha puntualizado sobre este hecho que tenían "una encomienda" del Tribunal Constitucional que les obligaba a "parar cualquier iniciativa que dotara económicamente un referéndum", con independencia de lo que que se aprobara posteriormente en el Pleno del Parlament.

Por su parte, el letrado mayor ha recordado a preguntas de la Fiscalía que "en el ámbito parlamentario hay un espacio para debatir iniciativas, pero cuando hay una sentencia hay una obligación de cumplimento, que afecta a la toma de nuevas decisiones" y que por ello ellos advirtieron siempre que se les requirió a los miembros de la Mesa, tanto por escrito como oralmente, de esta circunstancia.

Igualmente, en julio de 2016 remitieron una carta a la presidenta Carme Forcadell -que cumple pena por delito de sedición en la causa del "procés'- donde se decía que "todos los poderes públicos estaban obligados al cumplimiento de lo que el tribunal constitucional resuelva". Preguntado por la defensa sobre lo determinante o no de una sentencia posterior del TC en relación con éstos asuntos, Bayona ha señalado que desde el principio ya era determinante lo que estaba sucediendo: "si no, no hubiéramos hecho las advertencias que hicimos en su momento", ha manifestado.

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