El fiscal general defiende la adjudicación de la plaza a Delgado: "La ley se cumple, no se condiciona el cómo y cuándo"

Insiste en que "es la persona más cualificada" para asumir la Fiscalía de Memoria Democrática y DDHH

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este viernes, durante la toma de posesión de su antecesora inmediata, Dolores Delgado, como nueva fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la necesidad de cubrir esta plaza, tras la polémica desatada por su decisión de anticipar el Pleno donde se adjudicó para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, García Ortiz ha comenzado su intervención recordando que este puesto se creó con la Ley de Memoria Democrática y que dicha creación fue "avalada" por el Consejo Fiscal al dar los pasos necesarios para convocar el concurso y otorgar el nuevo puesto.

"Estamos pues, ante un mandato normativo, ante el cumplimiento de la legalidad vigente, la legalidad que el pueblo español, a través de su representación parlamentaria, ha querido dotar a nuestro país", ha sostenido.

En la misma línea, ha enfatizado que el Ministerio Fiscal tiene una misión constitucional: promoción de la Justicia y cumplimiento de la legalidad. "No podemos pervertir el cumplimiento de la norma. La ley se cumple, y no se condiciona el cómo ni el cuándo", ha dicho.

Además, García Ortiz ha enumerado algunos aspectos de la trayectoria profesional de Delgado en relación con la Memoria Democrática y los Derechos Humanos que, a su juicio, la hacen la persona más idónea para el cargo.

"No cabe duda de que tiene el mejor currículum y es la persona más cualificada para el desarrollo complejo, y seguro que plagado de dificultades, que supone la puesta en marcha de una nueva Fiscalía", ha indicado.

El jefe del Ministerio Público ha valorado que Delgado ha puesto "al servicio de este país" toda tu carrera profesional, incluso sacrificando "gran parte" de su vida personal en ello.

"Has dado mucho a la Justicia y a la reciente historia de la democracia. Ahora te pedimos un poco más: que construyas, que construyamos entre todos y todas, algo que perdure y sea un referente en materia de Memoria Democrática y Derechos Humanos", ha reclamado.

García Ortiz se ha mostrado consciente de que "hay y habrá resistencias", si bien ha incidido: "Eres la persona indicada para vencerlas, para esquivarlas o para convencerlas, porque se trata simplemente de cumplir la ley que nos hemos dado todos y todas".

UN ACTO PRIVADO

La toma de posesión ha tenido lugar este viernes en la sede de la FGE sin cobertura mediática. Según fuentes fiscales, se trata del protocolo habitual, ya que únicamente se da dimensión pública a la toma de posesión del fiscal general y a los fiscales de sala del Tribunal Supremo (TS).

En esta ocasión, Delgado ha estado amadrinada por la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde. El pasado 18 de octubre, cuando tomó posesión como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, estuvo apadrinada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal togado de la Sala Quinta, Juan Antonio Pozo Vilches, un acto que sí pudo seguir la prensa en 'streaming'.

Al acto de este 16 de junio han asistido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el Subdirector General de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Abogacía General del Estado, Francisco de Asís Sanz Gandasegui, además de numerosos miembros de la carrera fiscal.

POLÉMICO NOMBRAMIENTO

La designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos ha venido precedida de una fuerte polémica. En primer lugar, porque García Ortiz adelantó del 19 al 8 de junio el Pleno del Consejo Fiscal donde se iban a discutir esta y otras ocho plazas para evitar que el adelanto electoral entorpeciera los nombramientos, según indicaron entonces fuentes fiscales.

Por eso, y porque consideraban que Delgado podía incurrir en causa de incompatibilidad porque su pareja sentimental, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno, pero lo rechazó y finalmente se celebró el 8 de junio.

Ya en el mismo Pleno, la AF y APIF, que con sus siete vocales ostentan la mayoría del Consejo Fiscal, insistieron en la suspensión para poder estudiar dicha incompatibilidad. Ante la reiterada negativa del fiscal general, optaron por no participar ni en la deliberación ni en la votación sobre la plaza a la que optaba Delgado, y que consiguió por decisión de García Ortiz, pese a contar solo con tres votos --uno de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas--.

Esta sucesión de hechos ha dado lugar a que tanto AF como APIF estudien posibles recursos contra el nombramiento de Delgado --que el Gobierno ratificó el pasado martes-- y a que destacados miembros de UPF, la antigua asociación de la ex fiscal general y del propio García Ortiz, se hayan dado de baja.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) reaccionó el jueves en un comunicado manifestando que "reducir" su trabajo a la figura del ex juez, "hombre, y aún peor, sugerir que la imparcialidad de una persona, mujer, está comprometida por una relación personal, es patriarcal. "Y no podemos sino rechazarlo públicamente", dijo.