El fiscal general del Estado defiende limitar la acusación popular a causas que afectan a consumidores y usuarios

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aquí puedes ver íntegro el desayuno informativo con el fiscal general

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha defendido este jueves mantener la acusación popular en las causas cuyos perjudicados son asociaciones de consumidores y usuarios, mientras que apuesta en limitar su actuación para casos más concretos como los de corrupción.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Sánchez Melgar ha recordado que la acción popular "nace para la persecución de aquellos delitos donde no hay exactamente un perjudicado claro" como puede ser la defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios.

En este sentido, se ha mostrado favorable a conservar la acusación popular porque "ahí tiene un espacio proclive para su actuación". Por el contrario, Sánchez Melgar ha aseverado que la retocaría "en aquello otros delitos con un sujeto pasivo muy claramente ofendido por el delito".

Estas manifestaciones se han producido en el contexto en el que el Tribunal Supremo revisará el próximo 21 de marzo de la sentencia contra el marido de la Infanta Cristina Iñaki Urdangarin por el caso Nóos. Una causa en la cual la acusación Manos Limpias consiguió sentar en el banquillo a la hermana del Rey Felipe VI, que finalmente fue absuelta.

Otro de los casos de relevancia son el de la destrucción de los ordenadores que utilizó el extesorero del PP Luis Bárcenas, en el que la propia formación política está acusada de un delito de daños informáticos por la acción que ejerce únicamente contra ella las acusaciones populares Adade, IU y Observatori Desc.

Sánchez Melgar ha sido preguntado sobre si los partidos políticos puede ejercer este tipo de acusación, como ocurre en los procedimientos judiciales relativos a tramas de corrupción como Gürtel, Lezo, Púnica u otras causas como en la que se investiga el proceso soberanista en Cataluña. "Está perfectamente legitimado" en aquellos procesos que tengan "intereses difusos colectivos", ha precisado.