Fiscal se querella contra 14 exmiembros del Govern en la Audiencia tras perder su fuero el viernes

La competencia de este órgano se justifica en que cometieron delitos contra la forma de Gobierno

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La querella que la Fiscalía ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otras 13 personas que integraban su equipo de Gobierno se justifica en la pérdida por todos ellos de su condición de aforados tras ser cesados el pasado viernes y haber perdido también el fuero que algunos de ellos podrían haber seguido disfrutando de no haberse disuelto el Parlament por orden del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ello ha motivado que este órgano, que en un primer momento se encontraba fuera de las quinielas sobre el destino que tendrían las querellas, sea finalmente quien investigue al expresident y sus más estrechos colaboradores en el 'procés'.

La Fiscalía ha presentado este lunes sendas querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en las que suma a un total de 20 personas -exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña- de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó el pasado viernes con la declaración unilateral de independencia (DUI) y que se remontan a noviembre de 2015. Se reclama su citación y, en el caso de que no comparezcan, que sean detenidos.

La querella que la Fiscalía General del Estado ha presentado ante la Audiencia Nacional ha recaído casualmente en la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, al ser la magistrada de guardia. Lamela es la que ya está investigando la causa por sedición en la que están imputados el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

LOS QUERELLADOS

Así, la acción penal se dirige contra 14 personas: el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente y exconsejero de Economía y Hacienda Oriol Junqueras; el exconsejero de Presidencia Jordi Turul; el exconsejero de Asuntos Internacionales Raül Romeva; el exconsejero de Salud Antoni Comín; el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull; la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa i Coll, la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs; la exconsejera de Enseñanza desde mayo de 2016 Clara Ponsatí; el exconsejero de Interior desde julio de 2017 Joaquim Forn; el exconsejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig; el exconsejero de Justicia desde enero de 2016 Carles Mundó; el exconsejero de Cultura y desde julio de 2017 de Empresa y Conocimiento Santiago Vila; y la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret.

La Fiscalía General del Estado considera en su querella que la Audiencia Nacional es competente para investigar a los 14 miembros del Govern porque las conductas que se denuncian en el escrito son "constitutivas de un delito de rebelión, o cuanto menos de sedición", por ir "contra la forma de Gobierno".

Dado que todos los miembros del Gobierno de Puigdemont fueron cesados el pasado viernes por la noche en aplicación de las medidas aprobadas por el Senado según el artículo 155 de la Constitución, los 14 han perdido su condición de aforados ante el Tribunal Superio de Justicia de Catalunya (TSJC). Los que eran diputados del Parlament, también dejan de ser aforados por la disolución de la Cámara autonómica.

Así, ya no es el TSJC el que debe decidir sobre los querellados, sino la Audiencia Nacional, ya que no están aforados y la conducta que relata la Fiscalía responde a "actos directamente encaminados a cambiar ilegalmente la organización del Estado".

"Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales", explica el fiscal.