Un fiscal del Supremo tacha de desleal la carta a Delgado en la que se pedía la retirada de la enmienda del PSOE

Esa carta instaba a la FGE a que la remitiera al Congreso y pidiera la retirada de la enmienda que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Sala de Siniestrabilidad Laboral, Félix Pantoja, ha remitido una carta criticando su "falta de lealtad institucional" a los 16 fiscales de Sala del Supremo que enviaron la semana pasada una misiva conjunta a la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, en la que rechazaban de plano la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que plantea el PSOE a través de una enmienda a la Ley Concursal.

"Lamento, como ciudadano y como fiscal, lo que esta actitud supone de falta de respeto y lealtad institucional y sentido de servicio al que venimos obligados los trabajadores públicos", señala tajante en una breve carta de tres párrafos a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misma, indica que le sorprende y no acaba de entender como puede ser que alguien "en su condición de funcionario público, con formación jurídica y sentido democrático e institucional" puede solicitar a Delgado que "inste al Parlamento a que éste renuncie a tramitar y discutir, precisamente en sede parlamentaria, lo que considere respecto de un proyecto de ley, y a que un grupo parlamentario, formule las enmiendas al mismo de modo distinto, o simplemente las retire, porque unos funcionarios discrepan de su contenido".

Pantoja explica que el documento firmado por esos fiscales del Supremo le llegó también a él remitido por Pilar Fernández Valcarce, fiscal de Sala Delegada en Materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el Proceso Penal.

LA MITAD DE LA CÚPULA FISCAL

En el escrito de los 16 fiscales de Sala, la mitad de la cúpula fiscal, al que tuvo también acceso Europa Press, ponían el foco en el apartado de la enmienda socialista que modifica el artículo 9.2 del EOMF, que contemplaría en caso de aprobarse que el fiscal general deba informar por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer.

Los fiscales firmantes entendían que "ni la forma elegida para llevar a cabo una reforma legal de semejante calado, ni el contenido material de la misma son asumibles". Y eso es así, alegaban, porque tratándose de un cambio normativo que afecta manifiestamente al funcionamiento del Ministerio Fiscal y a las relaciones con otros poderes del Estado, las normas legales vigentes exigen que los mismos sean informados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.

"No existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados y evacuados sus preceptivos trámites de informe sobre la viabilidad jurídica de semejantes modificaciones legales", recalcaban, para luego añadir que esas medidas que se pretenden sacar adelante vía enmienda afectan "muy particularmente" a la independencia de la FGE del Gobierno como órgano de justicia, "contraviniendo las recomendaciones del grupo GRECO del Consejo de Europa".

Al hilo, recordaban que tanto el Estatuto como la Constitución garantizan la independencia de la FGE en el desarrollo de sus funciones con un modelo que se sustenta en tres bases: no existe dependencia orgánica y funcional del FGE o de la institución respecto del Gobierno; se da un reconocimiento de la autonomía y la independencia funcional, sin subordinación alguna al Poder Ejecutivo; y los principios rectores en los que se fundamenta su desarrollo funcional son los de la legalidad y de imparcialidad.

Por eso, entendían que en caso de que se establezca la obligación para el FGE de informar al Gobierno, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia "representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno".

La carta señalaba que suponía "una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal". Señalando además que ese punto de la enmienda permitiría al Gobierno "conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso".