El fiscal Viada afirma en el Congreso que si no se despolitiza, la Fiscalía no podrá dirigir las investigaciones penales

Apuesta por reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque se ha visto "superada por el tiempo"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha afirmado este martes en el Congreso de los Diputados que la investigación de las causas judiciales debe ser otorgada al Ministerio Público y ha subrayado que para ello es necesario que trabaje para despolitizar la Justicia y, sobretodo, desligar la Fiscalía General del Estado del Gobierno.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la Comisión de Justicia, a la que no han asistido todos los grupos parlamentarios, donde se ha analizado diversos temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia.

El que fuera exfiscal Anticorrupción ha defendido que la investigación se atribuya al fiscal porque no es "lógico" que un juez instructor y un investigado estén "confrontados" que pueden derivar a situaciones de indefensión, como ha ocurrido en ocasiones, por ejemplo, con algunas intervenciones telefónicas ordenadas en el transcurso de una instrucción.

Viada ha hecho referencia a que este panorama se debe a que el sistema procesal español se basa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882. "En su momento fue un gran avance pero muchas veces se ha visto desbordada, se ha visto superada por el tiempo", ha precisado.

Asimismo, ha remarcado que los jueces instructores investiga los delitos que se han podido comete "sin límite" y que los investigados solo se tiene que defender de aquello que "acota" el Ministerio Público o las acusaciones. "Todo es un error", ha añadido, al mismo tiempo que ha señalado que esta "dispersión" produce "enormes gastos, dilaciones y desmoralización".

Sin embargo, el fiscal ha remachado que la instrucción no puede ser una función del Ministerio Público hasta que éste no es "despolitizado". Viada ha señalado que la desconfianza existente en la sociedad en la Fiscalía se debe al sistema de elección del fiscal general del Estado.

PROPUESTAS PARA LA DESPOLITIZACIÓN

En este sentido, propone que el fiscal general sea elegido por una mayoría reforzada del Congreso de los Diputados para eliminar la imagen de parcialidad de la institución. De este modo, ha dicho, que no tendrá que agradecer su nombramiento al Ejecutivo y que responderá de su gestión ante todo el Parlamento y "no sólo ante quién le ha nombrado".

También ha apostado por hacer un nuevo Estatuto Fiscal, un código ético y un sistema de protección para que se elimine la capacidad de dar órdenes concretas como "prohibir actuar". "Con eso llegaremos a que la siguiente generación de la justicia sea mucho mejor", ha expresado.

En esta sesión parlamentaria también han comparecido el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Francisco Gutiérrez; el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín Rodríguez; el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Agustín Azparren; y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez.

Precisamente sobre la politización ha hablado el exvocal del CGPJ que ha señalado que existe una imagen "negativa" de la Justicia "mucho peor que la realidad". En su opinión, el deterioro de la concepción de independencia de los jueces se debe a los nombramientos discrecionales.

No obstante, Azparren ha aseverado que el sistema es "muy garantista" y que se pueden realizar muchas reformas para potenciar la independencia de judicial, pero sin "voluntad de cambiar no se va a cambiar". "Sólo basta con querer ser independiente para jubilarse siendo independiente", ha concluido.

REDUCCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD

Otro de los puntos que se han analizado en la Comisión de Justicia ha sido la carga de trabajo de los juzgados y tribunales y el funcionamiento de los mismos. Para el magistrado en excedencia y experto en la mediación en materia civil y mercantil, ha hecho hincapié en que, según su experiencia, la "mediación es la única forma de reducir la litigiosidad".

Ha indicado que en la vía penal el 80% de los casos que se deriva hacia este método acaban en acuerdo con "satisfacción" de la víctima. Además, ha señalado que para situarse a la altura de la media europea de jueces y fiscales habría que "doblar" el número de estos profesionales, algo que, en su opinión, es "imposible presupuestariamente y en el tiempo".

Al igual que Azparren, el magistrado de la Audiencia de Sevilla ha insistido en que es necesario incrementar la planta judicial y fiscal para hacer frente a la carga de trabajo. "España tiene menos jueces y fiscales que la media europea", ha incidido al mismo tiempo que ha señalado que la estructura judicial española es similar a la de Malta.

SISTEMA JUDICIAL "ESTÉRIL"

De hecho, ha expuesto ante los diputados que el sistema judicial es "estéril" debido a su "estructura compleja" y recursos "ineficientes" para hacer frente a toda la actividad jurisdiccional. Según Gutiérrez, "se está gastando mal y en aquello que no mejora el funcionamiento" de la Administración de Justicia y ha puesto como ejemplo que los Tribunales Superiores de Justicia que "menos gastan", como es el caso de Navarra y Asturias, tienen mejores indicadores de funcionamiento

Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado ha abogado en potenciar el arbitraje para la "descongestión" de la Justicia, sobretodo en áreas "modestas" como las relacionadas con la propiedad horizontal o el derecho agrario. Además, ha defendido la necesidad de la digitalización de la Justicia y ha recordado que su sector es el primero en contar con firma electrónica.

En esta línea, se ha manifestado Javier San Martín,presidente de los graduados sociales, que ha aprovechado su intervención para reivindicar el papel "relevante" de su colectivo y ha asegurado que el sistema de notificaciones LexNet, pese a los recientes fallos de seguridad que ha tenido -"tiene fallos como cualquier sistema", ha apuntado-- es una "bendición" porque da mucha "fluidez" a la labor de los operadores jurídicos.