La Fiscalía acusa al tribunal alemán de incumplir el marco jurídico europeo y de intromisión en la jurisdicción española

Actualizado: jueves, 19 julio 2018 15:05


Le reprocha haber valorado cuestiones de fondo que corresponden en exclusiva al responsable del enjuiciamiento, es decir, al Supremo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El juez Llarena retira la euroorden contra Puigdemont, rechaza su entrega y acusa al tribunal alemán de extralimitarse

La Fiscalía ha acusado al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de "incumplir el marco jurídico europeo" que regula las euroórdenes al aceptar la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont sólo por malversación y no por todos los delitos por los que era reclamado, es decir, también por rebelión.

Al examinar el fondo del asunto --los hechos por los que el juez Pablo Llarena reclama la entrega de Puigdemont--, el Ministerio Público español opina que el tribunal alemán "ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles".

Así lo ha manifestado la Fiscalía en el escrito que ha presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo para oponerse a la puesta en libertad de los procesados en la causa del 'procés' que se encuentran en prisión provisional y que han pedido una vez más su excarcelación hasta el juicio.

En el escrito, el Ministerio Público considera que la decisión tomada por los jueces alemanes con respecto a Puigdemont "jamás puede ser un argumento a valorar" por el Supremo, ya que, a su juicio, el tribunal de Schleswig-Holstein "ha actuado incumpliendo "el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega".

En este sentido, recuerda que la decisión marco que regula las euroórdenes establece que "una vez constatada la doble incriminación de los hechos, el Estado de ejecución --en este caso, Alemania-- no deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del delito ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión de entrega".

"Parece que el órgano judicial alemán ha ignorado la citada previsión normativa, ya que la resolución denegatoria de la entrega por rebelión se produce tras analizar, examinar y valorar los elementos específicos que integran el delito de rebelión, en particular la concurrencia de la violencia, para concluir que en el caso concreto, pese a reconocer que ha existido violencia, considera que no se ha constatado un grado de violencia suficiente para poner en peligro el orden constitucional español", afirma el escrito.

Para el Ministerio Público, "resulta obvio" que el tribunal alemán ha entrado a examinar cuestiones que afectan al "fondo del asunto", pero remarca que éstas "sólo pueden ser valoradas tras la práctica de las pruebas por el tribunal encargado del enjuiciamiento", es decir, que "ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles, lo que dificulta notablemente la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión".

NO DEBE CONDICIONAR EL PROCESO

A juicio de la Fiscalía que ahora dirige María José Segarra, la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein "no puede condicionar la mayor o menor relevancia penal de los hechos ni la concreta calificación jurídica de los mismos, cuestiones éstas que son competencia exclusiva y excluyente de los tribunales españoles".

Además de todos estos argumentos, el Ministerio Público se opone a la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Cuixart porque considera que las circunstancias que llevaron a su ingreso en prisión provisional no han variado.

En su opinión, la gravedad de los delitos por los que están procesados y la "magnitud de las penas" que acarrearían, además de que considera que sigue habiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, "convierten la prisión provisional sin fianza en cautela imprescindible para garantizar su sujeción al proceso y el normal desarrollo del mismo".

Tal y como ya ha dicho en anteriores escritos, la Fiscalía subraya que tanto el riesgo de fuga como el de reiteración delictiva son "manifiestamente perceptibles en este caso", sobre todo por el hecho de que hay procesados en la causa que continúan fugados así como la "insistencia en seguir adelante con el proceso de independencia".

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