La Fiscalía asegura que está velando porque se cumpla el interés superior del menor en las devoluciones a Marruecos

Fiscalía de Sala de Menores se coordina con la Fiscalía de Menores de Ceuta para que se cumpla la ley en las repatriaciones de menores

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue con detenimiento la repatriación de menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos que arrancó el pasado viernes 13 de agosto. Según fuentes, consultadas por Europa Press, el Ministerio Público está velando porque se cumpla el interés superior del menor y el cumplimiento de la ley.

Así, destacan que la Fiscalía de Sala de Menores de la FGE en coordinación con la Fiscalía de Menores de Ceuta está participando en los mecanismos para que esas dos premisas se cumplan: Les guía el interés superior del menor y el cumplimiento de la ley.

Este aviso del departamento dirigido por Dolores Delgado llega después de que el domingo, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta en funciones de guardia rechazara suspender la repatriación forzosa de siete menores migrantes argumentando que su devolución ya se había producido. Indicaba que fueron trasladados apenas cinco minutos después de la hora (9.55) en la que está fechada la petición de cautelares de la asociación Coordinadora de Barrios.

Se da la circunstancia de que esa medida cautelar solicitada por la asociación contaba con el respaldo de la Fiscalía, que en su informe apostó por parar las devoluciones "hasta que constara el procedimiento y la resolución administrativa individualmente incoadas para proceder a la repatriación", según precisaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por su parte, este mismo lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones a la Cadena Ser, defendía el "retorno asistido" de los menores marroquíes que no son vulnerables y que han mostrado su deseo de volver al país vecino de acuerdo a un procedimiento firmado con Rabat en 2007 que, según él, se está ejecutando cumpliendo la ley, previo estudio pormenorizado y a propuesta de los servicios sociales de Ceuta.

Salía así al paso de las críticas por la falta de información y las quejas del Defensor del Pueblo, la Fiscalía o las ONG. "Todos hemos estado correctamente informados", ha señalado antes de matizar que se están "dando los pasos adecuados" tras tres meses de trabajo, desde la entrada irregular de miles de personas en mayo.

El pasado viernes, el diario ABC adelantaba que FGE y la Fiscalía de Ceuta habían decidido abrir diligencias de investigación para conocer las condiciones en las que se está produciendo esa repatriación a Marruecos de menores. Ahora, desde la FGE constatan que hay un trabajo conjunto y coordinado entre ambas fiscalías para velar por que se cumpla la ley.

LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Según la normativa vigente que recoge el Ministerio del Interior en su portal web, se acordará el inicio del procedimiento de repatriación del menor cuando, según los informes, se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen.

Se añade que una vez cumplidos los trámites establecidos del procedimiento (alegaciones, prueba...), tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá, de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación del mismo a su país de origen o a aquel donde se encontrasen sus familiares o sobre su permanencia en España.

Según el artículado de la ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo, los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

En los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá lo necesario para la determinación de la edad del presunto menor, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas científicas necesarias.