Fiscalía concluye que la trama Gürtel ha "atentado contra el Estado de Derecho" y tendrá una costosa reparación social

El abogado del Estado asegura que la trama de Correa "se instaló en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Concepción Sabadell ha concluido este miércoles la exposición del informe de conclusiones finales de la Fiscalía Anticorrupción con respecto a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que la actuación de la red corrupta liderada por Francisco Correa tendrá una "costosa reparación social" y que se ha atentado contra el "Estado de Derecho".

La fiscal, que ha estado tres días explicando sus conclusiones ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, ha dicho que existe una "abrumadora prueba documental" sobre los hechos analizados en esta causa. Para la representante del Ministerio Público, las actividades de la trama Gürtel son de "extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos", sino por el "perjuicio" ocasionado a las arcas públicas "durante un largo periodo de tiempo".

Tal y como ha recalcado en varias ocasiones, la red corrupta ha estado en contacto con algunos funcionarios y altos cargos públicos presentes en administraciones "gobernadas por el PP" y que "aceptaron sobornos para enriquecerse con fondos públicos. "Faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron y dictaron resoluciones injustas siempre con base en los sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa, malversando así los caudales públicos", ha explicado.

En este sentido, para la Fiscalía los acusados "atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social" y ha subrayado que la actuación de la Gürtel ha agravado la "confianza de los ciudadanos en la administración y la gestión de la contratación".

"MECANISMOS VICIADOS" EN LA TOMA DE DECISIÓN

La "reiterada actuación y penetración en la administración" de los acusados convirtiendo la toma de decisiones en los procedimientos de contratación pública en "mecanismos viciados", ha añadido. Con este alegato final, la Fiscalía ha terminado su informe de conclusiones, en el que pide que los 37 acusados sean condenados.

Anticorrupción, que ya hecho definitivo su escrito de acusación, sólo introdujo leves modificaciones al inicial. Ha mantenido su petición de pena de 125 años y un mes de prisión para Correa --aunque después insinuó al tribunal que tuviese en cuenta su confesión de los hechos a la hora de dictar sentencia--, así como al considerado número dos, Pablo Crespo, para el que pide 85 años y medio de cárcel.

No obstante, rebajó hasta los 39 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas, y al exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo al eliminar de su acusación delitos fiscales.

Tras la fiscal Sabadell, ha comenzado a manifestar sus conclusiones finales el abogado del Estado, Edmundo Bal, que ha comenzado diciendo que la organización de Correa "se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción".

Asimismo, ha dicho que se ha "robado a la ciudadanía", como por ejemplo los entonces alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente, "fueron elegidos por los españoles para defenderles y no para defraudarles y robarles". También ha precisado que a muchos de los acusados "se les ha pillado en la mentira" que, a su juicio, "es como confesar los hechos".