Fiscalía, en contra de admitir la primera querella por terrorismo de Estado por el conflicto de Siria

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a admitir la primera querella contra miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias presentada en España en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio y que denunciaba la detención ilegal, tortura y ejecución de su hermano en el año 2013.

Según precisa en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos tras la reforma que limitó la Justicia Universal y estableció que la investigación sólo puede efectuarse cuando la víctima tenga nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español.

La fiscal Teresa Sandoval asegura que este concepto de víctima que menciona la ley debe equipararse al "sujeto pasivo del delito" y agrega que una hermana del fallecido no alcanzaría esta condición.

Para el Ministerio Público, la interpretación que del concepto de 'víctima' propone la querella, incluyendo a familiares del sujeto pasivo del delito para legitimar el ejercicio de la jurisdicción, "carece de la más mínima justificación", asegura rotundamente.

El equipo de abogados internacionales de G37 interpuso hace unos días ante la Audiencia Nacional lo que constituyó la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las Fuerzas de Seguridad del estado sirio.

En el escrito acusaban al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al-Assad, de cometer a través de sus Fuerzas de Seguridad e inteligencia, delitos de terrorismo contra la población civil.

Aseguraban que desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones espontáneas en el contexto de lo que se conoce como la Primavera Árabe, el Estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas y con cualquier tipo de disidencia mediante la implementación de una política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.

Como consecuencia de éste, decenas de miles de civiles sirios han sido privados de su libertad y trasladados a centros de detención ilegal donde han sido torturados, hacinados y sometidos a tratos inhumanos. La querella agrega que, como resultado de la tortura y de las enfermedades ocasionadas por las terribles condiciones de detención, miles de detenidos han fallecido en estos centros y otros han sido ejecutados.