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Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre interviene en el acto de la 18 edición de su informe 'Women In Business', en el Auditorio de Castellana 81, a 8 de marzo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Actualizado: miércoles, 20 julio 2022 14:38

Exculpa a González a pesar de la "existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las autonómicas del año 2007"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha eximido de responsabilidad a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica' y destacando que, a pesar de que tenía "el control absoluto" del PP regional, ese es un motivo "insuficiente" para procesarla en esta pieza separada en la que se indaga sobre la presunta existencia de una 'caja b' de la formación en la capital.

Así se desprende del informe de 860 páginas, al que ha tenido acceso por Europa Press, que el Ministerio Público remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, y en el que el fiscal califica de "endeble e inconsistente" parte de los indicios, que considera escasos "para sustentar una acusación formal" contra la propia Aguirre.

"No puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos expuestos en la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos", sostiene el fiscal Alejandro Cabaleiro.

El propio Cabaleiro hace referencia a una conversación entre Aguirre y el también expresidente madrileño Ignacio González "sobre la posibilidad de haber superado el límite del gasto electoral electoral". Así, y aunque reconoce que "es cierto que" esa charla "revela" que Aguirre podía "sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral", también "revela que no tenía conocimiento de cómo" sucedió.

"La aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación FUNDESCAN, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo. Lo anterior podría plantear en si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios resulta insuficiente para sostener una acusación", arguye el fiscal.

AGUIRRE "NUNCA ASISTIÓ" A "NINGUNA" REUNIÓN

En lo que respecta al cambio organizativo para que todas las contrataciones de publicidad tuviesen que recibir la conformidad previa de la Dirección General de Medios, el representante del Ministerio Público afirma que "tampoco constituye un indicio de que Aguirre" hubiese efectuado ese cambio "con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las impresas de publicidad".

Anticorrupción trae a colación la declaración de una de las investigadas sobre la "posible responsabilidad criminal" de Aguirre. Las palabras de esa investigada, a juicio del fiscal, constituirían indicio "de lo contrario, pues la misma refirió que la presidenta nunca asistió a ninguna" de las reuniones relacionadas con las empresas de publicidad, "que se celebraban con 'gente' de prensa de la misma", en las que "se concretaba a qué actos iría" la expresidenta.

Por último, y respecto a los trabajos de reputación investigados, la Fiscalía cree que es "manifiesto" que Aguirre "nunca se ocupó de forma directa o personal de sus redes sociales", sino que "siempre hubo una persona encargada de tales fines, lo que ofrece el indicio de que la misma no era conocedora ni de sus contenidos ni de su forma de contratación".

HECHOS PESCRITOS A PESAR DE LOS INDICIOS DELICTIVOS

Este informe final de Anticorrupción sobre la investigación de esta pieza separada número 9 de 'Púnica' se centra en esclarecer si el PP madrileño se sirvió de una 'caja b' para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

La Fiscalía explica que, a pesar de los indicios delictivos, los hechos relativos a las elecciones autonómicas del 2007 y a las municipales del 2008 "se encuentran prescritos", en tanto los vinculados a las elecciones autonómicas del 2011 "se encontrarían prescritos para todas aquellas personas que no hubiesen sido declaradas judicialmente investigadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2016".

Teniendo en cuenta esas consideraciones, Anticorrupción pide al instructor que exculpe al también expresidente regional Ignacio González a pesar de "la existencia documental" obrante en la causa, que apuntaría a que se cometió "un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007".

En esta línea, la Fiscalía descarta la existencia de una "continuidad delictiva electoral" en la Comunidad de Madrid por dos motivos; en primer lugar, "debido al dilatado lapso temporal entre unas elecciones y otras" y, por otro lado, porque la "única persona directamente vinculada conforme a la documental y pruebas recabadas sería" Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP en Madrid.

El fiscal considera, además, que "no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos". Asimismo, cree que "la credibilidad del inicial denunciante", el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, "resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo".

Así las cosas, y en tanto que González únicamente habría sido el "responsable de la campaña a las elecciones autonómicas de 2007", el fiscal estima procedente interesar el archivo de la causa para el expresidente.

"PLENA CONFIANZA" ENTRE GUTIERREZ Y GRANADOS

Anticorrupción utiliza igualmente el argumento de la prescripción para eximir al propio Beltrán Gutiérrez de un delito electoral en los comicios de 2007. "Cuestión distinta es la relacionada con las elecciones autonómicas de 2011", aclara el fiscal, que en este caso pide que sea procesado por un presunto delito de falsedad electoral.

El escrito pone la lupa en Gutiérrez en tanto que fue "el responsable de las cuentas electorales, de sus ingresos, gastos y de la contabilidad" de los 'populares' en la Comunidad de Madrid, "siendo a su vez, el responsable del ajuste a la legalidad de las cuentas".

En concreto, el Ministerio Público apunta que Gutiérrez presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, por el que presentaba la documentación comprensiva de la contabilidad de la campaña electoral del Partido Popular. Es ese día el que ha de ser considerado como el inicial a efectos de computar el plazo de prescripción, que no habría expirado.

Anticorrupción pone de relieve la estrecha vinculación entre Gutiérrez y el presunto líder de la trama 'Púnica', el exconsejero Francisco Granados, que mantenían una relación de "plena confianza". En concreto, señala, en tanto que Gutiérrez venía actuando de nexo de unión entre los diferentes secretarios generales y los diferentes directores de las campañas con las personas que "recibían" el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional.

A su vez, la Fiscalía deja claro que la "participación" de Granados "resultó clave" para introducir al 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, "en el ámbito" del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación sobre los que el magistrado ha puesto el foco.

Es por eso que, en su escrito, la Fiscalía solicita al juez que envíe a Granados al banquillo por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias.

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