La Fiscalía critica que los acusados por los trabajos de 'Púnica' en León traten de obstaculizar el inicio del juicio

El ex presidente de la Diputación de León denuncia una investigación "a modo de diente de sierra, con idas y venidas"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha criticado que los acusados por los presuntos trabajos de reputación online que la trama 'Púnica' habría llevado a cabo en León hayan tratado de obstaculizar el inicio del juicio que ha arrancado este jueves en la Audiencia Nacional con la introducción de una serie de cuestiones previas en las que denuncian supuestas vulneraciones de derechos.

"Nos da la sensación de que las defensas están intentando que no entremos a juicio", ha espetado la fiscal Carmen García Cerdá, que se ha encargado junto a su compañera del Ministerio Público María Teresa Gálvez de dar respuesta a todas las quejas formuladas por los letrados a lo largo de las cuatro horas que ha durado el arranque de esta vista oral, que está previsto que se extienda, al menos, hasta inicios del mes de diciembre.

Una de las cuestiones que ha centrado mayor atención ha sido la petición formulada por el abogado del supuesto conseguidor de 'Púnica', Alejandro de Pedro, que ha instado a que la declaración de su acusado se realice al final del juicio, justo después de que se haya expuesto en el plenario la prueba de cargo.

Esa solicitud, a la que se han adherido la mayor parte de letrados, ha sido respaldada por el Ministerio Fiscal, que no ha objetado nada al respecto. No obstante, el tribunal ha anunciado que no tomará una decisión hasta el próximo lunes, cuando se reanude la vista oral, una fecha en la que también dará respuesta al resto de cuestiones previas.

Cabe recordar que esta posibilidad, la de permitir que los acusados intervengan al final del juicio, ha sido aplicada recientemente en la vista oral que también se sigue en la Audiencia Nacional contra la empresa semipública DEFEX y su ex director comercial por presuntos contratos irregulares en Camerún.

QUEJAS POR LA NUEVA DOCUMENTACIÓN

Otra de las quejas que también ha sido unánime entre los letrados ha sido la de que la Fiscalía haya aportado coincidiendo con el arranque del juicio una serie de documentación correspondiente a otras piezas de la macrocausa 'Púnica' a la que el resto de abogados no tiene acceso.

Las fiscales, por su parte, han asegurado que han "intentado que la documentación, testificales e informes" dictados se fuesen incorporando a la pieza principal "para evitar indefensión". "Como primera premisa, todas las defensas que se encuentran aquí han tenido y tienen acceso a esa pieza principal", han sostenido, defendiendo que la Fiscalía "ha sido muy cuidadosa para que todas las partes puedan acceder a la información".

Por otro lado, la defensa del expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez --que se enfrenta a una petición de 8 años de cárcel, la pena más alta solicitada--ha invocado una supuesta vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva que se habría producido a lo largo de la instrucción, que fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6.

A este respecto, su letrado ha criticado que no se les diera traslado del contenido de los dispositivos intervenidos a De Pedro y a las empresas que habrían realizado presuntamente los trabajos de reputación: Eico Online y Madiva Editorial. "Esto no ocurrió así con Fiscalía, que tuvo a su alcance en todo momento contenido de todas las cuestiones tratadas en instrucción, lo que ha supuesto la ruptura del principio de igualdad de armas", ha argüido.

Pero, además, la defensa de Marcos ha señalado una presunta "vulneración del derecho de defensa por el propio modo" en que se dirigió la investigación. "No es una instrucción lineal, sino a modo de diente de sierra con idas y venidas. Se realizan peticiones por las partes que quedan sin resolver y sin estar resueltas el juez pasa a la siguiente fase", ha afirmado.

SUPUESTAS DILACIONES INDEBIDAS

Por su parte, el letrado de De Pedro -para quien la Fiscalía pide 5 años y medio de prisión_ ha alegado una supuesta vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas recordando que la causa se inició en 2014. "En 2016 tuvimos en auto de pase a procedimiento abreviado, en 2018 el escrito de acusación de Fiscalía y el auto de apertura de juicio oral. Y aquí estamos, en noviembre de 2022", ha lamentado.

El Ministerio Público, sin embargo, ha afirmado que si el devenir de esta pieza separada de 'Púnica' se ha demorado ha sido por "motivo o causa de la cantidad ingente de recursos" que habrían presentado las partes.

El abogado del propio De Pedro, que también ostenta la representación de las mencionadas Eico y Madiva, ha incidido en que también se ha producido una vulneración del principio acusatorio en tanto que no se ha contenido en el relato de acusación el hecho propio que se atribuye a las dos personas jurídicas. "O, si se considera que son sociedades instrumentales, tendría que pronunciarse una resolución sobre la ininmputabilidad o la insancionabilidad sobre estas", ha añadido.

El letrado de Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del gabinete de prensa de la Diputación y ahora es alcalde de Puebla de Lillo con un partido independiente, ha señalado una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva señalando que en el auto de transformación del juez se incluyeron nuevos hechos de imputación cuando ese primer escrito ya era firme.

DOCUMENTOS PARA PROBAR LA FACTURACIÓN

Además, ha propuesto la aportación de una serie de documentación en la que se probaría que nunca existió el citado cargo de coordinador del gabinete de prensa desde el que habría cometido los delitos por los que le piden siete años de cárcel. "El supuesto concierto de mi mandante porque era mano derecha de los presidentes de la Diputación, cosa que creemos que no es así", ha añadido.

En cuanto a estas alegaciones, la Fiscalía ha apuntado que en procedimientos complejos, como es el caso, hace falta "que se entre a juicio para aportar la prueba y que la sala tome conocimiento" de si se han producido o no las vulneraciones anteriormente invocadas. "Solo escuchando a los acusados y los testigos se podrá resolver", ha sostenido una de las fiscales.

En esta primera sesión, el letrado del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa --que se enfrenta a cinco años y medio de cárcel--ha solicitado aportar una serie de prueba documental entre las que se encuentran unas facturas que acreditarían cuál fue la facturación que realizó con las sociedades con las que trabajaba.

Según el relato de la Fiscalía, tanto De Pedro como el propio Conesa trabajaban desde 2010 para diferentes administraciones públicas y controlaban juntos un grupo de empresas con las que se presentaban a contratos públicos, "muchos de ellos con objetos simulados".