La Fiscalía critica las decisiones de tribunales de países de la UE sobre Cataluña: "La confianza puede quebrarse"

Reconoce una "sensación agridulce" pese a la cooperación de los fiscales de otros Estados

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado recoge en su Memoria Anual, difundida este lunes con motivo de la apertura del Año Judicial, la "sensación agridulce" que le ha quedado al contemplar las decisiones adoptadas con relación a Cataluña en determinados tribunales de otros países de la Unión Europea. Advierte de que la cooperación judicial internacional se basa en una confianza mutua que "puede quebrarse".

"Conviene reafirmar que la normativa sobre cooperación internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales, realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los países implicados", afirma.

El Ministerio Público reconoce en el texto que tiene una "sensación agridulce" porque si bien ha habido "sintonía" con los fiscales de otros países de la Unión Europea en el abordaje del proceso secesionista en Cataluña, "no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales", como ocurrió en la negativa a entregar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont adoptada tanto en Bélgica como en Alemania.

En lo que a España se refiere, la Fiscalía destaca el "compromiso" en la defensa del Estado de Derecho de sus representantes destinados en Cataluña, así como pone en valor el trabajo realizado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, pues "casi un año después de la denominada 'declaración unilateral de independencia', en fecha 2 de noviembre de 2018 se formularon los escritos de acusación".

Además, incide en que la valoración "estrictamente jurídica" que llevó a Fiscalía a apreciar delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, en función del tipo de participación de cada uno de los procesados de ambas causas se hizo "desde el más escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia.

"Una mera lectura de los hechos imputados pone de relieve la extraordinaria gravedad de lo sucedido. Una actuación coordinada de diversos responsables públicos en distintos ámbitos políticos y sociales que, mediante una estructura normativa paralela, tenía como objetivo último la declaración de independencia y la segregación de una parte del territorio nacional, al margen de toda legalidad", expone.

En línea con la tesis que mantuvo la Fiscalía del Tribunal Supremo durante el juicio, añade que "ese proyecto contemplaba la utilización de todos los medios precisos para alcanzar el fin pretendido, incluyendo la violencia necesaria para doblegar al Estado mediante la promoción de la actuación tumultuaria de la movilización ciudadana y el uso de su propio cuerpo policial armado, los Mossos d'Esquadra".