Fiscalía dice que no puede acreditar "seguimientos sistemáticos" a Podemos con la documentación policial aportada

Matiza que los oficios remitidos por la Policía no son completos y que hay que seguir analizando

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un informe al juez que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos en el que concluye que de lo examinado en dos oficios policiales recibidos en octubre "no aparecen datos que permitan acreditar un seguimiento sistemático" de vigilancia.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal del caso, Vicente González Mota, advierte de que esta documentación que le han remitido "no es completa" y de que en la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 hay más "documentación en otros oficios policiales y en otras diligencias de prueba así como hechos objeto de la querella diferentes a los informados" en este caso.

Con todo, subraya que en los oficios de los que da cuenta en este informe fechado el 8 de noviembre "no aparecen datos que permitan acreditar un seguimiento sistemático encomendado por los querellados --la cúpula policial en época del Gobierno de Mariano Rajoy-- de vigilancia de las actividades" de determinados diputados 'morados'.

González Mota arranca analizando el primer oficio remitido por la Unidad de Policía Judicial (UPJAN), número S2821/2024, y destaca que se enfoca en las personas de Iñigo Errejón, María Auxiliadora Honorato, Sergio Pascual, Juan Pedro Yllanes y Amparo Botajara.

Si de Pascual señala que no se han encontrado búsquedas, de Errejón sí que apunta que en enero de 2015 se hizo una por parte de un agente de la Comisaría General de Información (CGI) en el marco del análisis y "valoraciones de amenaza y/o riesgo sobre eventos y personalidades".

En este sentido, el fiscal recoge de ese oficio que existe una consulta de 15 de enero de 2015 de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, y que aporta además un documento procedente del entonces Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad "en el que se solicitaba un informe de valoración y análisis de riesgos sobre tres dirigentes del partido político Podemos: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero".

"De la información remitida se concluye que el funcionario (...)actuaría dentro de las funciones que tenía encomendadas", explica el fiscal, que añade que de otras búsquedas realizadas por ejemplo en dependencias de Castilla y León "no quedan partes de intervención físicos que supervisar".

EN BARAJAS NO SE PUEDE INFORMAR

Las pesquisas de González Mota también se han encontrado con otro muro, la comisaría del aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. El fiscal explica que el oficio policial señala que "no es posible informar de las consultas realizadas por los funcionarios policiales (...) debido a que por diversas causas (jubilación, cambios de destino, etc.) han dejado de pertenecer a esta plantilla, no teniendo acceso a las consultas realizadas por los mismos ni a la motivación de las mismas".

Otros policías a los que se les ha preguntado por determinadas búsquedas, por ejemplo sobre la exdiputada Carolina Bescansa, señalan que no recuerdan a cuento de qué las hicieron debido "al tiempo transcurrido".

Sobre otras búsquedas realizadas sobre figuras relevantes de Podemos, las respuestas que ha recibido el fiscal en estos dos oficios varían, pero en general está relacionadas con consultas aleatorias de chequeo en establecimiento hosteleros.

El fiscal destaca que, de todo lo anterior, "no puede darse por justificada por las razones expuestas (...) las consultas realizadas en cuanto o no se explica porqué se realizaron, el superior que las ordenó, o la razón de efectuarla, existiendo incluso alguna de ellas en horas de la madrugada". Y marca una excepción, la del policía que indago sobre Iglesias, Errejón y Podemos para la CGI por valoración de amenazas y riesgos.

Además, informa al juez instructor, Santiago Pedraz, de que la remisión de datos --por parte de la Policía-- que no guardan relación con el objeto del procedimiento "dificultan el estudio del mismo en cuanto generan un tiempo de estudio que debe emplearse para la investigación del objeto del mismo sin que se conozca las razones o la persona que encomendó hacer la búsqueda".

En cuanto al segundo de los oficios remitidos por la Policía, el fiscal apunta que informa de que determinadas búsquedas realizadas sobre cargos 'morados' como Tania Sánchez, Rafael Mayoral o el ministro Pablo Bustinduy tendrían que ver con controles froterizos, de hospedaje, de acceso al Congreso de los Diputados o aun centro de internamiento de extranjeros.

LA QUERELLA DE PODEMOS

Cabe recordar que Podemos presentó una querella contra la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

OCHO ACTUACIONES CONCRETAS

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.