La Fiscalía ve "relevancia penal" en la denuncia contra 'Alvise' Pérez y la envía a la Audiencia Nacional

El asunto queda en manos del juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha visto "relevancia penal" en la denuncia presentada contra el eurodiputado 'Alvise' Pérez por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas, por lo que ha acordado enviarla a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que la deje en manos del juez que investiga al denunciante del eurodiputado, el empresario Álvaro Romillo, por la presunta estafa piramidal cometida por Madeira Invest Club.

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal del Tribunal Supremo abrió y cerró diligencias tras confirmar que en la Audiencia Nacional ya existía un procedimiento judicial por los "mismos hechos" y, finalmente, ha acordado enviar la denuncia a la Fiscalía de dicho órgano para que, en su caso, se incorpore a la causa que dirige el juez José Luis Calama.

Si el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional asume la denuncia y, efectivamente, aprecia indicios de delito contra 'Alvise' Pérez, tendría que elevar el asunto al Tribunal Supremo, el único competente para investigar al eurodiputado que está aforado ante dicho tribunal.

La decisión del fiscal Fernando Rodríguez Rey tiene lugar después de que el pasado 19 de septiembre el propio Romillo presentara ante la Fiscalía General una denuncia contra Alvise Pérez por el presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas.

La Fiscalía General remitió el asunto a la Fiscalía del Supremo, que abrió diligencias para investigar al eurodiputado por un presunto delito de financiación ilegal, pero al haber ya una investigación judicial relacionada con los hechos denunciados acordó archivar sus pesquisas y enviar todo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

"En lo que respecta a (Alvise) Pérez en la denuncia presentada ante la Fiscalía General se narran hechos con posible relevancia penal que derivan de su colaboración con las actividades desarrolladas por el (Álvaro) Romillo a través de sus sociedades Madeira Club Invest y Sentinel y de la entrega de 100.000 euros en el contexto de una campaña electoral", apunta el fiscal en el decreto, recogido por Europa Press.

Sin embargo, advierte de que "estos mismos hechos forman parte de una de las denuncias (ampliación de denuncia) presentada ante la Audiencia Nacional y ya están siendo conocidos por el Juzgado Central de Instrucción Número 4".

Así, el fiscal incide en que el juez José Luis Calama ya asumió en la Audiencia Nacional la competencia para "conocer de los hechos denunciados, incluidos los que se atribuyen a (Alvise) Pérez".

LA DENUNCIA

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, Romillo sostiene que entregó 100.000 euros "en efectivo" al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío", le habría escrito Pérez en un mensaje.

El empresario sostiene que fue uno de sus empleados el que remitió a las 16.00 horas de ese día en sus oficinas de Madrid la cantidad a Pérez. "Tras la entrega de esa cantidad en efectivo, seguimos teniendo una relación fluida que nos une y entre otras cuestiones acordamos vernos en Ibiza para, junto con dos influencers, dar visibilidad a los negocios y conectarme con lobbies en Europa", recoge la denuncia.

Romillo asegura que su relación con Alvise Pérez "se redujo" a la entrega de esa cantidad, a acudir a un evento del ahora eurodiputado y "crear y dirigir las wallet" que publicitaba en su canal de Telegram "para recaudar fondos".

El empresario incluye en su ampliación de la denuncia pantallazos de las conversaciones que mantuvo con Pérez hasta este mismo mes de septiembre, y en las que ambos charlan acerca de la publicación en medios del presunto desvío de donaciones a su formación.

Romillo incide en que Pérez le contactó porque tenía una "necesidad de tráfico y alcance, fondos" que no requirieran "ser controlados por el Tribunal de Cuentas, fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos".

"Todo ello, a fin de hacer crecer el partido, prepararse para el objetivo de lograr cinco escaños en 2026 para optar a ser llave del Gobierno, y, de este modo, influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil", sostiene en su escrito.