La Fiscalía lleva al Supremo el caso de una mujer que sufrió violencia obstétrica, después de que la ONU le dé la razón

La demandante pide una indemnización de 150.000 al Estado por daños físicos y psicológicos por el proceso administrativo y judicial

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante el Tribunal Supremo el caso de una mujer que tras dar a luz en 2009 fue sometida a una sucesión de intervenciones y actuaciones sanitarias realizadas en un hospital del Servicio Gallego de Salud que le produjeron padecimientos. Entiende el Ministerio Público que fue un episodio de violencia obstétrica que vulneró los derechos fundamentales a la igualdad e integridad física y moral de la paciente, tal y como concluyó el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Sobre la Mujer.

En el informe de Fiscalía, recogido por Europa Press, se indica que preparan ese recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tras conocerse la sentencia de 12 de abril de 2023 de la Audiencia Nacional que archivaba el asunto.

El fiscal Manuel Campoy señala que además de vulnerar esos derechos fundamentales de la paciente se dio también una infracción de la normativa estatal e internacional sobre cumplimiento de los dictámenes del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Discriminación Sobre la Mujer.

Llega a esta conclusión porque la demandante, tras reclamar por la vía administrativa y judicial comunicó los hechos a ese comité denunciando la existencia de violencia obstétrica. Ese organismo de la ONU declaró que se habían vulnerado sus derechos reconocidos en la convención.

Tal y como recoge el informe del fiscal, la mujer se dirigió a la Audiencia Nacional después de que el Ministerio de Justicia desestimara su reclamación de responsabilidad patrimonial con motivo de los daños ocasionados "por funcionamiento anormal de las Administraciones Publicas de Justicia y Servicio de Salud".

"SIN CONSENTIMIENTO INFORMADO"

En su demanda, la paciente detallaba que sin consentimiento informado durante el ingreso hospitalario se le realizaron diez tactos vaginales que le generaron una infección neonatal, que se le suministró oxitocina sintética intravenosa para inducir el parto, se le forzó a permanecer en posición de litotomía --posición ginecológica-- sin posibilidad de moverse y finalmente se le practicó una episiotomía --cirugía menor hecha durante el parto para ensanchar la abertura de la vagina-- con extracción de su hija mediante ventosa.

Añadía que la bebé, recién nacida, fue llevada a la Unidad Neonatal donde estuvo ingresada durante siete días, sin explicación alguna sobre su estado de salud, privándole de su deseo de amamantarla y solo permitiendo acompañamiento materno entre 10-15 minutos cada tres horas.

Además, aseveraba que la episiotomía que le fue practicada le ocasionó una hipotonía del suelo pélvico --que provoca incontinencia urinaria-- y vaginismo con "episiorrafia dolorosa con retracción", que requirió tratamiento de fisioterapia especializada en rehabilitación del suelo pélvico e imposibilitó las relaciones sexuales coitales durante dos años.

La demandante indicó que todo ello le ocasionó en el plano psicológico un síndrome de estrés postraumático postparto, causante de ansiedad, insomnio y recuerdos reiterativos de escenas vividas durante el parto.

Así las cosas, y ante el Comité de la ONU, la mujer solicitó que se condenara al Estado y que se proporcionara una reparación apropiada a los daños de salud física y psicológica sufridos, por importe de 46.672 euros. A esa cifra sumaba que el Estado debía abonarle la cantidad de 38.458,20 euros en concepto de daño patrimonial por los gastos de representación y defensa, y otros 60.000 euros en concepto de daño moral por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

El dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación sobre la Mujer de 28 de febrero de 2020 resolvió que los hechos sometidos a su consideración ponían de manifiesto que se habían vulnerado los derechos de la autora, y recomendaban a España que proporcionara "una reparación apropiada, incluida una indemnización financiera adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos".

Además, llamaban a España a "asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y al acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada" proporcionando la información adecuada en cada etapa del parto "requiriendo su consentimiento libre, previo e informado en todos los tratamientos invasivos" excepto cuando la vida de la madre o del bebé estén en riesgo.

LA POSTURA DE LA FISCALÍA

Con ese dictamen sobre la mesa, la Fiscalía sostuvo ante la Audiencia Nacional el caracter vinculante para España de esa decisión e interesó la estimación de la demanda por considerar vulnerados el principio de igualdad y no discriminación, los derechos fundamentales a la integridad física y moral, y el derecho a la intimidad personal y familiar.

Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la paciente diciendo que no era competente para revisar el caso, que había prescrito, y que los dictámenes de ese comité son simples recomendaciones y sugerencias.

Para el Ministerio Público, en su recurso ante el Supremo en casación, esos dictámenes, si bien no tienen un carácter ejecutivo para España, sí que deben ser "vinculantes y obligatorios". Y se apoya para aseverar esto en una sentencia del alto tribunal de 2018.

"El dictamen emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional que, por expresa previsión del artículo 96 de la Constitución Española, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno tras su ratificación y publicación en el Boletín Oficial del Estado; que, por imponerlo así el artículo 10.2 de nuestra Carta Magna, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España", asevera.

El fiscal apunta que existe interés casacional en su recurso ante el Supremo porque puede ser útil para la formación de jurisprudencia en relación con el cumplimiento de dictámenes de comités de Naciones Unidas sobre protección de Derechos Humanos y sobre las que no existe jurisprudencia.