Fiscalía mantiene que el PP debe ser absuelto por la presunta destrucción de los ordenadores de Bárcenas

IU insiste en que el partido sea multado con casi 11 millones de euros, mientras que el Observatori Desc endurece su petición

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía mantiene que el PP, la extesorera 'popular' Carmen Navarro, el abogado del partido Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno deben ser absueltos por la presunta destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas usaba en el sede del PP al entender que no existe la comisión de un delito de daños informáticos ni de encubrimiento.

Así lo ha manifestado la fiscal este viernes en la vista oral en la que ha anunciado que eleva a definitivas su escrito de conclusiones en el que no presentó ninguna acusación ya que entiende que no hay "indicios relativos a ciertos extremos esenciales" y que la única versión sobre estos hechos es la de Bárcenas, que la considera "inverosímil y contradictoria".

Por su parte, las acusaciones populares Izquierda Unida y Adade han mantenido su petición de pena para los cuatro acusados. Es decir, IU solicita que las condenas más severas, pues interesa que el PP sea penado con una multa de casi 11 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

En cuanto a la otra acusación popular, la del Observatori Desc ha endurecido su pena al añadir otro delito de daños informáticos. En su escrito de acusación provisional sólo atribuyó a los acusados un único delito de daños informáticos, pero tras la celebración del juicio, la acusación considera que hay que atribuir este delito por cada uno de los dos ordenadores que Bárcenas no recuperó.

En este sentido, para la extesorera del PP se solicita cuatro años de cárcel por dos delitos de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un tres años y diez meses y tres años y ochos meses, respectivamente. Para la formación política también multiplica por dos su petición inicial y ahora pide una multa de 1 millón de euros, la suspensión de sus actividades por un plazo de un año y prohibición de recibir donaciones por un plazo de 10 años.