La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por investigar a un empresario marbellí

Anticorrupción también solicita penas de prisión para el socio del comisario jubilado y para tres mandos policiales

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se condene a nueve años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano a instancias de Marzena Katarzina, que buscaba trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, los fiscales Miguel Serrano y Cesar de Rivas también piden penas de prisión para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño y el exinspector Antonio Bonilla.

La Fiscalía solicita las penas más elevadas -9 años de prisión_para Villarejo y para García Castaño por delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos. Anticorrupción propone que se condone a 8 años de cárcel a Riaño y pide 4 años y 9 meses respectivamente para Redondo y Bonilla.

A pesar de que el juez instructor acordase procesar a David Macías, el Ministerio Público señala que "más allá de su intervención como letrado en los procedimientos seguidos contra Zotano" a instancia del propio Zotano "no consta que fuera receptor de ninguno de los datos reservados con que los encausados se hicieron relativos" al empresario.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Según el relato fiscal, el 24 de julio de 2015, Villarejo Pérez asumió, como titular real de CENYT -su grupo empresarial--, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie, integrada en dicho grupo, el encargo realizado por Katarzina para llevar a cabo una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar con motivo de los conflictos que mantenía con Zotano, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.

"Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Zotano y habían dado lugar a la presentación por parte de Katarzina de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad", apunta Anticorrupción.

En la ejecución del citado encargo --tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Zotano_"intervino también, por cuenta del Grupo Cenyt y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado Rafael Redondo", añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la "organización criminal" que integraba Cenyt.

En el caso de Enrique García Castaño, la Fiscalía aduce que "se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, directamente o a través de sus subordinados y a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie que recibía de Villarejo, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional".

Así, y en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, Villarejo, "con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación sobre Zotano que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Zotano". En el curso de esa investigación, añade Anticorrupción, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.

LA INFORMACIÓN SOBRE ZOTANO

"En efecto, el día 18 de agosto de 2015, García Castaño y Riaño, actuando ambos de común acuerdo y en connivencia con los demás encausados, sirviéndose de la posición que ocupaban en la UCAO, se hicieron -a través de sus subordinados- con el informe de actividad de Zotano en el que constaban todas las escrituras públicas que éste había otorgado ante todos los notarios españoles y que obraba en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado", continúa el escrito de acusación.

En esta línea, "una vez obtenida la información a través de la UCAO, Riaño la remitió a Cenyt por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través de Bonilla, director de operaciones" del grupo quien "a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015" a Rafael Redondo.

"Además, e igualmente a través de sus subordinados en la UCAO, García Castaño y Riaño consultaron, el mismo día 18 de agosto de 2015, los datos que de Zotano constaban en la base de datos policial ADDNIFIL, a través de la cual se gestiona el Documento Nacional de Identidad", añade el relato fiscal.

Anticorrupción explica que "no consta que Katarzina realizara pago alguno a ninguno de los encausados; ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo Cenyt". "Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo Pérez, como titular real de Grupo Cenyt, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas", concluye el escrito.