La Fiscalía propone ampliar el horizonte penal de Puigdemont, que podría escalar hasta los 17 años de cárcel

Pide que a los 12 años que pueden conllevar desobediencia y malversación se sumen desórdenes públicos agravados, penado con hasta 5

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los fiscales del 'procés' han solicitado este martes al instructor, Pablo Llarena, que añada el delito de desórdenes públicos agravados a los de desobediencia y malversación agravada que ya contempló en su auto para adaptar el procesamiento y las órdenes de busca y captura a la reforma penal, lo que supondría sumar hasta 5 años de cárcel a los 12 que cabría imponer por los delitos apuntados por el magistrado del Tribunal Supremo (TS).

Puigdemont estaba procesado y reclamado por delitos de sedición y malversación, que implicaban penas de entre 10 y 15 años de prisión e inhabilitación, y de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación, respectivamente.

Llarena tuvo que modificar el procesamiento y las órdenes de detención dictadas contra Puigdemont por la reforma penal que deroga la sedición y modifica la malversación creando tipos atenuados, que entró en vigor el pasado jueves.

Ese mismo día, el instructor del 'procés' dictó un auto reemplazando la sedición por la desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel, sino multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años, y manteniendo la malversación agravada, castigada con hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

La Fiscalía del Supremo interesa ahora a Llarena que, además de los delitos de desobediencia y malversación agravada, persiga a Puigdemont por el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados del artículo 557.1 y 2 del Códip Penal (CP), con sanciones de hasta 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación.

Si el magistrado del TS atiende la petición fiscal, Puigdemont podría enfrentarse a hasta 17 años de cárcel --los 12 de la malversación agravada y los 5 de los desórdenes públicos agravados--.

No obstante, en el escenario de que finalmente fuera entregado a España, sería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que decidiría el futuro judicial de Puigdemont, así como --en su caso-- el juego entre los delitos fijados y el cómputo de penas.

LOS EX CONSEJEROS Y ROVIRA

El ex consejero Toni Comín se encuentra en la misma situación que el ex president, si bien los demás prófugos del 1-O encaran horizontes penales distintos, en base a la modificación acordada por Llarena y a la solicitud del Ministerio Fiscal.

Así, la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí solo estaba encausada por sedición, por lo que Llarena la procesa ahora únicamente por desobediencia, y la Fiscalía insta a añadir el delito de desórdenes públicos agravados, con lo que se enfrentaría a hasta 5 años de cárcel.

En cuanto al ex consejero Lluis Puig, también ha quedado procesado por desobediencia y malversación, pero en su caso el Ministerio Público no pide que se le añada el delito de desórdenes públicos agravados, por lo que podría llegar hasta los 12 años de prisión.

Por último, para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también perseguida anteriormente por un delito de sedición, los fiscales del 'procés' comparten con Llarena su "imputación exclusiva por desobediencia", sin los desórdenes públicos agravados y, en consecuencia, sin cárcel.