1-O.- Fiscalía se querella contra Lloveras (AMI) y Buch (ACM) y pide cerrar sus webs

Les acusa de instar a alcaldes a promover un referéndum inconstitucional

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra la presidenta de la AMI, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parlament de JxSí, Neus Lloveras, y contra el presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, ambos de PDeCAT, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum y pide cerrar las webs de las entidades.

En el escrito, que se ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que ambos han realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del referéndum, pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, con el envío a los alcaldes catalanes el modelo de decreto de alcaldía a favor del referéndum y de los carteles de promoción de la campaña.

En la querella la Fiscalía solicita varias medidas cautelares al TSJC como que fije fianzas económicas para los dos querellados por las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir, y en su caso, embargo de bienes en la cuantía "que prudencialmente se fije".

También pide que cierre las páginas web de la AMI (www.municipisindependencia.cat) y de la ACM (www.acm.cat), además de que se dirija oficio a los alcaldes catalanes para que impidan el referéndum, y singularmente, imprimir, colocar o difundir los carteles de fomento de la participación, retirando los que ya se hayan colocado.

Del mismo modo, solicita a Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que adopten las medidas necesarias para evitar el referéndum, requisando urnas, sobres electorales, manuales, impresos y carteles de fomento de la participación y a favor del 'sí'.

TRES PRESUNTOS DELITOS

La querella se presenta por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, los mismos que constan en los escritos contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros del Govern por convocar el referéndum, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por la tramitación de las leyes de desconexión.

La querella se presenta ante el TSJC por la condición de diputada en el Parlament de Lloveras, si bien en el mismo escrito la Fiscalía avisa de que en ningún caso puede excusarse en la inviolabilidad porque esta norma "no es un privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales".

El fiscal considera que los querellados han actuado pese a ser perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del TC sobre la ilegalidad de los actos preparativos del 1-O.

DECRETO DE ALCALDÍA

Cita como ejemplo el envío desde la cuenta ami@ami.cat, la noche del 6 de septiembre, minutos después de la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament y la convocatoria del 1-O, dirigida a los alcaldes, en la que les recomendaban confirmar si había cambios en los locales electorales y remitiendo un modelo de decreto para demostrar el apoyo a la consulta.

Además, el 10 de septiembre, una vez el Constitucional había difundido públicamente su decisión de suspender el 1-O y de notificarle personalmente su decisión, Lloveras envió un nuevo correo a los alcaldes remitiendo un informe del SITxCAT (secretarios, interventores y tesoreros de la administración local por la indepèndencia).

El día 12, desde la cuenta de la AMI se mandó otro correo sobre el inicio de la campaña electoral por el referéndum incluyendo dos carteles para fomentar la participación.

"TOTAL DESPRECIO" AL TC

"Con estas conductas, los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio a los pronunciamientos del TC".

Constatan su "firme e inequívoca" intención de usar las plataformas de AMI y ACM para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes a que promuevan un referéndum inconstitucional.

Y prosiguen que con estas acciones comprometen con ello "una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".

"Una cuestión resulta evidente: la convocatoria y celebración de un referéndum implica un gasto de dinero público", por lo que los gastos ya generados y los que se generen en el futuro han sido deliberadamente destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública.