La Fiscalía recurre ante el TC el archivo de una querella por tortura de la Brigada Político-Social cometida en los 70

Ve necesaria una investigación judicial efectiva para cumplir con lo que dicta la Ley de Memoria Democrática

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC), en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado (FGE), ha presentado un recurso de amparo ante el tribunal de garantías contra la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de archivar de plano una querella presentada en 2023 por las torturas sufridas por dos hermanos en los años 70 tras ser detenidos por la conocida como Brigada Político-Social.

En nota de prensa de la Fiscalía, recogida por Europa Press, se explica que el recurso de amparo se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, de acuerdo con el nuevo escenario normativo que supone la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

En ella, explica la nota, se establece expresamente el derecho a la justicia de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura, así como la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en aquel periodo.

La Fiscalía recuerda que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el alcance y significado del derecho a la investigación del artículo 29.1 de la Ley de Memoria Democrática, por lo que "la cuestión trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social".

El Ministerio Público explica que, en actuaciones anteriores, ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación judicial efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso.

De esta manera se ofrece una interpretación de la norma con enfoque de derechos humanos e integradora de los principios vertebradores del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y de los Tratados y Convenios sobre la materia, de acuerdo con las exigencias del artículo 10.2 de la Constitución.

LA QUERELLA DE LOS FERRÁNDIZ

Fue en noviembre de 2023 cuando los gemelos Maribel Ferrándiz y José Pablo Ferrándiz, Pepus, se querellaron por torturas durante el franquismo por su detención el 23 de abril de 1971, tras la que permanecieron arrestados durante 32 días en la Jefatura de la Via Laitena de Barcelona.

Se trataba de la segunda querella por torturas durante el franquismo que llegaba a los juzgados catalanes bajo la nueva Ley de Memoria después de la que presentó el sindicalista Carles Vallejo: en su caso, el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona rechazó investigar la denuncia al considerar, en contra del criterio de la Fiscalía, que está prescrita y amparada por la Ley de Amnistía de 1977, una decisión que fue recurrida.

"Esta querella no la ponemos solo por nosotros. Nosotros somos los señalados, ponemos la cara, pero detrás nosotros hay mucha gente que fue represaliada, y no solo presos políticos", expresó entonces Pepus Ferrándiz, mientras que su hermana Maribel Ferrándiz afirmó que la presentaban para dignificar a todas las personas que sufrieron torturas.

Maribel Ferrándiz también recordó cómo la madrugada del 23 de abril de 1971 cuatro policías de la Brigada Político-Social entraron a su casa, "lo revolvieron todo buscando propaganda" y les detuvieron a ella y a su hermano, que estaban vinculados al Partido Comunista de España-Internacional (PCE-I).

CUATRO POLICÍAS DE LA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL

La querella, consultada por Europa Press, se dirigía en concreto contra el entonces comisario jefe, Vicente Juan Creix; el entonces inspector jefe, Rafael Núñez; un policía presente en los interrogatorios, Atilano del Valle; y uno de los jefes al mando durante la detención, Genuino Nicolás Navales García; los cuatro miembros de la Brigada Político-Social de la Policía Nacional en Barcelona.

Firmada por la abogada de Irídia Laura Medina, la querella exponía que en el momento de la detención conjunta, los gemelos tenían 17 años y, a la vez que ellos, fueron arrestados al menos otros 20 miembros más del PCE-I junto a los que más tarde fueron procesados y enviados a prisión provisional por asociación ilícita y propaganda ilegal en una causa que después se amplió para añadir el delito de insulto de obra a fuerza armada y delito de rebelión militar.

Durante el arresto fueron sometidos a "tortura física y psicológica con la finalidad de extraerles información sobre la militancia política de otras personas del PCE-I y de su organización", que en el caso de Pepus se repitieron más de 50 veces, afirma la querella.

Después de estos 32 días de arresto, los hermanos Ferrándiz pasaron un año y dos meses en prisión provisional --Maribel en Trinitat Vella y Pepus en La Modelo-- y su causa fue archivada por el Tribunal de Orden Público (TOP) en junio de 1976.

La querella también hacía referencia a una detención previa a Pepus Ferrándiz, en diciembre de 1970 (tenía 16 años), vinculada a la difusión de propaganda que el franquismo consideraba ilegal: a raíz de este arresto fue interrogado durante dos días y al tercero fue llevado ante el TOP, que ordenó su ingresó en la cárcel La Modelo, donde estuvo siete días, dos en aislamiento.