Florentino Pérez pide al juez que aplique a un exdirectivo de Iberdrola la norma europea para proteger a denunciantes

Solicita que le proteja de las acciones legales emprendidas por la eléctrica, que ve como "represalias"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que aplique la directiva 'whistleblowing', diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, al ex directivo de Iberdrola José Antonio del Olmo, al considerar que "está siendo represaliado" por su antigua compañía mediante acciones legales por el informe que elaboró en 2004 sobre presuntas irregularidades en la eléctrica en relación con la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

La representación de Pérez, que tiene la condición de perjudicado en esta pieza separada del 'caso Villarejo', responde así a la petición que hizo el magistrado en un auto del pasado 27 de enero para que las partes se pronunciaran sobre la posibilidad de aplicar a Del Olmo las medidas recogidas en la Directiva 2019/1937.

Del Olmo, otrora director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, es el autor de un controvertido informe fechado el 1 de diciembre de 2004 donde plasmó presuntas irregularidades vinculadas a la contratación con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. Para el instructor, este 'dossier', que la eléctrica califica de falso y que ha dado pie a distintos procedimientos judiciales, podría situar al antiguo ejecutivo como "uno de los testigos claves para sostener la acusación".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el también presidente del Real Madrid alega que es "posible" otorgar tal protección a Del Olmo porque la norma europea está destinada a los denunciantes y testigos protegidos pero también al "investigado/colaborador con la Justicia", estatus en el que encuadra al ex directivo.

Además, Pérez cree que es "necesario" proteger al ex directivo porque "existen indicios en la presente causa que apuntan a que Iberdrola está dirigiendo las acciones (penales, civiles, laborales, etc.) contra Del Olmo --tanto en éste como en otros procedimientos-- como represalia por estar colaborando con este juzgado para denunciar una estrategia continuada de espionaje empresarial".

A este respecto, menciona la querella presentada por Iberdrola contra Del Olmo en Bilbao por presuntos delitos de falsedad documental que finalmente ha sido absorbida por la Audiencia Nacional en esta pieza separada, donde la eléctrica ha solicitado ampliarla a delitos de revelación de secretos; una demanda mercantil en los juzgados bilbaínos por revelación de secretos empresariales y su difusión; un procedimiento penal en los juzgados madrileños por descubrimiento y revelación de secretos; y un procedimiento laboral.

En un paso más, solicita a García-Castellón que, además de reconocer que Del Olmo es merecedor de la protección que otorga la directiva 'whistleblowing', acuerde medidas concretas, interesando la suspensión cautelar de los procedimientos en los que figura como querellado o demandado, puesto que "el primer riesgo del que tiene que ser protegido el informador en un proceso penal es el de la responsabilidad penal propia derivada de haber proporcionado dicha información a la autoridad judicial".

En concreto, plantea al magistrado que envíe oficio a los juzgados que llevan esos casos para que los suspendan cautelarmente y, en previsión de que sus colegas se nieguen, avanza que "se verían obligados a plantear una cuestión prejudicial europea" que implicaría paralizarlos hasta que el TJUE la respondiera.

Anticipándose también a que García-Castellón descarte estas opciones, le reclama que "al menos" se deduzca testimonio del auto del pasado 27 de enero en el sentido de que Del Olmo está sujeto a la protección de la citada directiva.

UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA EMPRESARIAL

Asimismo, Pérez reivindica en su escrito que la norma comunitaria es aplicable a Del Olmo porque está ideada para amparar a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE y sostiene que este es el caso porque el supuesto espionaje que Iberdrola habría encargado a Villarejo contra rivales de la eléctrica sería "incompatible" con "el correcto funcionamiento del mercado único".

"Nos encontramos en un supuesto en el que de forma sistemática Iberdrola ha contratado servicios con el fin de espiar a empresas de la competencia o a directivos y administradores de empresas competidoras, convirtiendo el espionaje empresarial en una política o estrategia de empresa a lo largo de más de diez años", argumenta.

En esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem' --sobre los muchos y diversos negocios privados de Villarejo--, el juez investiga los trabajos ilícitos que el comisario habría llevado a cabo para Iberdrola desde 2004 y por los que habría cobrado más de un millón de euros. Entre los identificados por el magistrado, se encuentran los proyectos 'Posy' y 'Black Board', con los que habría espiado a Pérez y al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, respectivamente.

En su comparecencia judicial del pasado 18 de enero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, negó cualquier conocimiento de Villarejo y CENYT y descargó la responsabilidad de contratar con el comisario y sus empresas en el ex jefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo. En particular, se pronunció en contra del espionaje aseverando que él mismo ha sido víctima de esa práctica.

Por último, Pérez ha querido recalcar en su escrito que aunque la directiva 'whistleblowing', aprobada en 2019, no se ha transpuesto al derecho español, es perfectamente aplicable desde el pasado 17 de diciembre, cuando expiró el plazo para incorporarla a la normativa nacional, "en todo lo que beneficie a los denunciantes".

"Como es sabido, las directivas europeas, si no están transpuestas, no pueden generar obligaciones para los particulares, pero sí generan, a partir del plazo de transposición, derechos para los particulares", recuerda.