MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Foro Judicial Independiente (FJI) ha señalado este jueves que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería presentar su dimisión tras cargar contra los jueces después de conocerse rebajas de condenas de agresores sexuales por aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'sólo sí es sí'.
En un comunicado, la asociación de jueces ha calificado la reacción del Ministerio de Igualdad de "injusta y pueril" y consideran que desde ese departamento "debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa".
Indican que en lugar de enmendar defectos lo que se ha hecho es cargar de forma "injusta y generalizada" contra los jueces que son quienes deben aplicar la ley elaborada.
"Ha dicho que no cumplimos la Ley quienes, diariamente y, en muchas ocasiones sin los medios adecuados para ello, no hacemos otra cosa que trabajar para, precisamente, combatir la violencia machista", han explicado.
Lamentan que la gravedad de las acusaciones vertidas y "el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios", por lo que reiteran que Montero debe dejar el cargo "para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad".
SE ADVIRTIÓ DURANTE LA TRAMITACIÓN
Por otro lado, desde FJI explican que ya en la tramitación parlamentaria de la ley diversas instituciones y organismos advirtieron de que algunos tipos penales verían reducidas sus penas y que ello podría conllevar en algunos casos la revisión de condenas ya firmes.
Añaden que las rebajas conocidas estos días se llevan a cabo por aplicación del principio general de retroactividad de la ley penal más favorable, y cargan contra Montero explicando que se ha limitado a decir que los jueces aplican de forma defectuosa la ley y que hay jueces que están incumpliéndola.
En este sentido, también lamentan la reacción de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por hablar de justicia machista y por afirmar que el problema no es la ley; y critican además la posición de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, quien afirmó que era una vergüenza la falta de formación de los jueces en materia de género en España.