Francisco Martínez dice que en 'Kitchen' se han vulnerado sus derechos fundamentales y pide anular la causa

Interesa la testifical en el juicio del ministro Grande-Marlaska y del fiscal Ignacio Stampa

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha presentado su escrito de defensa en el marco del 'caso Kitchen' en el que, como cuestión previa, sostiene que la causa es nula porque se han vulnerado derechos fundamentales al incorporar audios incautados al comisario jubilado José Manuel Villarejo en el registro de su domicilio en 2017.

Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que además interesa la testifical del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que arroje luz sobre el funcionamiento de los fondos reservados, su autorización y justificación, y del que fuera fiscal anticorrupción del caso Ignacio Stampa.

La defensa, que lleva el despacho del fiscal en excedencia Juan Antonio Frago, incide que el ex 'número 2' de Interior nunca recibió documentación alguna, en ningún soporte, de pruebas que obrasen en poder del ex tesorero del PP Luis Bárcenas o de su familia en el marco de una operación que se hubiera orquestado con el objetivo de sustraer material relacionado con la investigación judicial de 'Gürtel'.

LAS GRABACIONES DE VILLAREJO

Explica que esas grabaciones incorporadas deben ser invalidadas al comienzo del juicio, recuerda que Asuntos Internos usó fragmentos de esas grabaciones, siete conversaciones, para fundamentar los indicios delictivos y añade que el origen de la investigación bebe "con carácter exclusivo" de la transcripción parcial de los mismos.

Al hilo, lamenta que el acceso a los audios "solo se ha permitido (...) después de resolverse los recursos de apelación contra el auto de apertura de procedimiento abreviado de julio de 2021, por lo que entiende que se ha dado una vulneración de sus derechos fundamentales".

Añade que esas grabaciones realizadas por Villarejo "fueron obtenidas, almacenadas y tratadas vulnerando el derecho a la autodeterminación informativa de las personas grabadas de forma subrepticia", algo que vulnera "el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable".

CADENA DE CUSTODIA

Al hilo, señala que esas grabaciones se incautaron "sin las más elementales garantías en la cadena de custodia" ya que tales archivos de audio fueron "depositados durante la instrucción en un armario de la Unidad de Asuntos Internos". "Las grabaciones ni son originales, ni se ha tenido acceso a la totalidad de las mismas, ni se han custodiado en sede judicial", explica.

Por otro lado, pone el foco en que en esta pieza número 7 del 'caso Villarejo' se ha dado una "injustificada prolongación del secreto de sumario" que duró hasta septiembre de 2020 y que las motivaciones del magistrado fueron genéricas. Recuerda que una vez levantado el secreto, éste se volvió a prolongar de manera parcial para la entrada y registro en el domicilio del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva.

Par el letrado, todo esto vulnera el derecho de defensa, máxime cuando esa "subpieza secreta" nunca se llegó a comunicar a las partes.

A estos motivos suma otro más, y es que a su juicio se dio una "injustificable personación de la acusación popular en la pieza" --por el PSOE, Podemos e IU--, lo que derivó en una "politización de la investigación y vulneración del principio de igualdad de armas procesales".

Entiende que además se dio un "evidente conflicto de intereses" porque el Gobierno desclasificó documentos secretos siendo parte procesal dado que esos tres partidos personados forman parte de la mayoría parlamentaria que sustenta el Ejecutivo.

"La condición de acusación popular de los partidos políticos ha introducido un permanente sesgo de politización en esta investigación, agravado por las declaraciones públicas incriminatorias realizadas por representantes políticos y miembros del Gobierno, incluido el propio ministro del Interior en sede parlamentaria", lamenta.

En este sentido, cita una intervención de Grande-Marlaska en el Congreso en el que hizo referencia al caso y lo relacionó con un uso irregular de fondos reservados.

Como parte de esa politización del procedimiento que denuncia, suma el hecho de que se impulsara una comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso. Apunta que la declaración de francisco Martínez en la misma "se produjo cuando la investigación judicial del Juzgado Central de Instrucción número 6, en la pieza 7 de las Diligencias Previas 96/2017, se encontraba parcialmente bajo secreto de sumario".

Por eso, insiste en que en este caso "el Estado, en definitiva, no ha sido neutral en el desarrollo de la instrucción de la pieza 7".

CARÁCTER PROSPECTIVO

A todo esto, la defensa de Martínez suma que se ha vivido un "carácter prospectivo de la investigación" que ha supuesto una "habilitación abierta a los investigadores de la policía que resulta injustificada".

Y añade que se ha dado también un conflicto de intereses de la Unidad de Asuntos Internos como fuerza instructora, "por haber participado integrantes de dicha unidad en los hechos investigados". Para la defensa, la investigación debería haber recaído en los funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial, dependiente de jueces y magistrados.

"Todo lo cual conduce a la constatación de algo tan insostenible como evitable y es que la Unidad de Asuntos Internos se ha investigado a sí misma, lo que comporta une evidente falta de objetividad y neutralidad", explica.

Además, la defensa insiste como hiciera en escritos previos en que la Audiencia Nacional carecía de competencia para investigar los hechos porque no hay delito que encaje en los encomendados a este tribunal especial.

ABOGACÍA DEL ESTADO, PP Y EL PODCAST DE STAMPA

Tras estos argumentos, la defensa del que fuera 'número 2' de Interior siendo ministro Jorge Fernández Díaz, sostiene que la Abogacía del Estado "no puede asumir simultáneamente los estatus de acusación y defensa en este procedimiento" por lo que interesa expresamente que comparezca como responsable civil, y sea expulsada como acusación particular.

Del PP, indica que lo conveniente es que, dado que los supuestos delitos atribuidos a los procesados fueron cometidos en beneficio de esa formación, comparezca en el plenario como partícipe a título lucrativo. Lamenta que no se ha exigido al PP responsabilidad penal como persona jurídica, "lo que hubiese resultado más congruente con el argumento de las distintas acusaciones".

Tras esto, Francisco Martínez pone el foco en el origen de la causa, esos registros que dieron pie a la macrocausa 'Tándem' y de los que era "ajeno". Y cita el podcast 'El país de los demonios' en el que ha intervenido en 2023 el que fuera fiscal del caso, Ignacio Stampa, y en el que se revela que quien presentó la denuncia anónima fue David Vidal, un informático ex agente CNI.

"A la vista de estas sorprendentes explicaciones narradas en el podcast se puede deducir que toda la llamada operación Tándem (...) proviene de un fraude, pues la supuesta denuncia anónima que da origen a toda la intervención, incluyendo las entradas domiciliarias en los inmuebles del Sr. Villarejo, no es tal denuncia ni es anónima, sino que tiene un origen muy concreto, perfectamente identificado en la persona de D. David Vidal quien reconoce algo tan aparentemente contradictorio como ser el autor del anónimo", explica.

Por eso, indica que en consecuencia todas las investigaciones posteriores "serían nulas de pleno derecho, al vulnerarse la doctrina jurisprudencial sobre el inicio legítimo de las investigaciones". "En el presente caso, el juez central de instrucción autorizante de la primera causa fue engañado por la Fiscalía Anticorrupción, al presentarse como 'notitia criminis' una supuesta denuncia anónima que no era tal", insiste.