Franco responde a la juez que no recibió indicación alguna para permitir o prohibir el 8-M

Asegura que no tenía constancia documental de la percepción del riesgo del coronavirus hasta un día después de la manifestación

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha señalado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y a preguntas de la propia magistrada, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.

Durante su declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, el dirigente socialista --que es secretario general del PSOE en Madrid-, ha contestado a las preguntas que le han realizado todas las partes presentes en la diligencia judicial celebrada este miércoles, reiterando en varias ocasiones que él no es competente en materia de Sanidad y que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

Al término de su declaración ante la magistrada, y a preguntas de los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del edificio de los juzgados de Madrid, el delegado del Gobierno ha señalado que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación feminista, y su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos sobre la evolución de la pandemia.

De hecho, durante su declaración, que ha durado alrededor de una hora y media, ha insistido en que no tenía constancia documental de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo. Esto contrastaría con la tesis defendida por la Delegación del Gobierno, que, tras ser requerido por la juez para que notificara cuál fue la primera "indicación, alerta o noticia" sobre el coronavirus que recibió el organismo, ha asegurado que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020", cuando se declaró el estado de alarma.

En este sentido, en respuesta a la acusación popular Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que le ha inquirido sobre cómo es posible que se permitiera el 8-M si la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la crisis sanitaria como pandemia el 30 de enero, Franco ha precisado que el dato es erróneo porque se declaró como tal el 11 de marzo, han apuntado las fuentes consultadas.

CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Asimismo, para incidir sobre cuándo tuvo conocimiento la gravedad de la crisis sanitaria, el delegado del Gobierno ha sido preguntado por el correo electrónico interno que el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno envió a todos los trabajadores el pasado 2 de marzo indicando la medida de mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro.

Franco ha defendido que en esas fechas no conocía dicho mensaje, que adjuntaba el protocolo de seguridad elaborado el 28 de febrero, según las fuentes jurídicas consultadas. Dicho documento tiene cierta relevancia en la causa, pues ha servido para la Guardia Civil concluyera en su último informe que la Delegación del Gobierno conocía de "los riesgos relacionados con el covid-19" desde "mediados de febrero".

A Franco le acusan varias acusaciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

La comparecencia tiene lugar o un día después de que titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 inadmitiera los recursos presentados por la Abogacía del Estado --que ejerce la defensa de Franco-- y la Fiscalía y rechazara anular la causa, tal y como éstas habían solicitado al no ver indicios de delito en su actuación.

DEBATE SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERIA SANITARIA

Por otro lado, este miércoles también han comparecido ante la juez el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, en calidad de testigos y que también han sido interrogados por la magistrada.

Las fuentes jurídicas han apuntado que las declaraciones se han centrado en si la Delegación del Gobierno tenía competencias en materia de Sanidad o si éstas eran de la Comunidad de Madrid. Según sostiene la Fiscalía, Franco no ha cometido ningún delito porque no tiene competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias.

Además, el director de Seguridad Ciudadana ha sido preguntado por las llamadas que la Delegación del Gobierno hizo a partir del 11 de marzo a convocantes de manifestaciones para instarles a que desconvocaran.

Correas no ha negado este hecho, que también ha sido destacado por los agentes de la Guardia Civil en sus informes, y ha indicado que era este tipo de contacto telefónico era más frecuente que mandar un correo electrónico y que se decidió hacer a partir de esa fecha porque fue cuando tuvieron constancia de la repercusión del covid-19.

MÁS TESTIGOS MAÑANA

La ronda de declaraciones de testigos continuará mañana. La juez instructora escuchará, a partir de las 09.00 horas, a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativo del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz; y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.

Después comparecerán tres promotores de manifestaciones Javier Gómez Ochoa, de CC.OO. Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de 'Anonymus for the voiceless Animal Save'; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.

Las declaraciones continuarán por la tarde cuando acudirán a la sede judicial los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Son: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.