La Fundación Baltasar Garzón se querella contra el ex presidente de Panamá Martinelli por blanqueo de capitales

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Baltasar Garzón (FIBGAR) ha solicitado personarse en la causa abierta en la Audiencia Nacional por posible cobro de comisiones ilegales por parte de la constructora FCC en Panamá y para ello ha presentado querella contra el expresidente del citado país centroamericano Ricardo Alberto Martinelli por delitos de blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones económicas internacionales.

Según informa en un comunicado, FIBGAR solicita personarse como acusación popular en la investigación judicial que se sigue en España. En este procedimiento se está investigando a la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y algunos de sus trabajadores y directivos y hasta el momento figuran imputadas 14 personas de esta empresa y de dos de sus filiales, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias.

Todas ellas habrían participado según Anticorrupción en un consorcio con la multinacional Odebrecht que, según la acusación, generó sobrecostes en los contratos del suministro de acero por valor de 82 millones de euros en los proyectos de construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá, entre otros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantallas o instrumentales, dirigidas por directivos de FCC y de Odebrecht y un circuito de cuentas bancarias.

El Juzgado Central de Instrucción número 2, que es el que investiga el caso dado copia del escrito de FIBGAR al Ministerio Fiscal, que debe pronunciarse con carácter previo a que resuelva sobre su admisión.

El despacho se adhiere de esta manera a las acusaciones ya existentes en el procedimiento, en las que se investiga también a personas, físicas o jurídicas, que puedan aparecer como responsables criminalmente por los delitos de blanqueo de capitales cometido en territorio español y el antecedente de corrupción en las transacciones internacionales a lo largo de la instrucción.