Gabriela Bravo dice que el fallo de la Audiencia de Palma demuestra que la Justicia es igual para todos

DENIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas de la Generalidad Valenciana, Gabriel Bravo, ha manifestado este viernes que la lectura que se puede hacer del fallo de la Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Nóos- que absuelve a la infanta Cristina e impone seis años y tres meses de cárcel para su marido Iñaki Urdangarín-- es que la Justicia es igual para todos.

La exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración de las X Jornadas que celebra en Denia el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y ha asegurado que en estos momentos toca pedir respeto por el fallo, lo cual no significa que la ciudadanía pueda criticarlo o valorarlo.

"Todo están sometidos al cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y cuando ello no es así actúan los tribunales", ha manifestado Bravo en relación a la sentencia que recoge además la condena de ocho años y medio de cárcel para el exsocio de Urdangarín Diego Torres, y de tres años y ocho meses para el expresidente del Govern balear Jaume Matas.

De entre los 17 acusados por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, la Audiencia Provincial ha absuelto a Ana María Tejeiro, la mujer de Torres, así como a exresponsables*valencianos, como el ex vicealcalde Alfonso Grau, para quien la Fiscalía pedía 10 años.

Según detalla la resolución, la contratación por parte de la empresa que compartía Urdangarin con su socio Diego Torres se llevó a cabo "prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable". Agrega que el esposo de la Infanta se valió de su "íntima relación de amistad" con personas bien posicionadas institucionalmente.

Tanto Torres como Urdangarín tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que en realidad eran rendimientos de su actividad profesional que tendrían que haber declarara como IRPF. Por ello aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.