Dice que la justicia deben costearla sobre todo los que litigan "con mala fe o sin fundamento"
BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha defendido la creación de una sala civil en la Audiencia Nacional y también que los juzgados mercantiles funcionen "los doce meses del año", incluyendo agosto.
En una conferencia ofrecida este miércoles por la tarde en Barcelona, el ministro ha considerado que "la Audiencia Nacional puede estar compuesta por cuatro Salas Superiores", con lo que la civil se uniría a la penal, contencioso-administrativo y social, que ya existen.
El ministro ha apostado también por que las tres primeras, además, tengan salas de instancia, "equiparándose al resto de órganos judiciales y permitiendo conocer asuntos de excesiva complejidad o volumen" que puedan bloquear en funcionamiento de los tribunales de instancia.
Otra de las novedades que ha mencionado, y que ya recoge el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial, es que los tribunales mercantiles abran "los doce meses del año", para un mejor funcionamiento.
El ministro se ha referido también a las tasas judiciales, y ha sostenido que la justicia deben sufragarla "especialmente los litigadores que plantean recursos con mala fe o sin fundamento alguno" con la intención de bloquear los procesos.
"La justicia puede ser gratis, pero nunca es gratuita", ha sentenciado Gallardón, que explicado que en España el 90% del coste lo sostienen los ciudadanos y únicamente un 10% los que litigan, al contrario de lo que dice que ocurre en Europa donde estos sufragan el 28".
FOMENTAR EL ARBITRAJE
Gallardón también ha apostado por tratar de reducir el número de procesos judiciales apostando por vías alternativas no penales como el arbitraje y la mediación, para tratar de paliar uno de los vicios estructurales del sistema español ya que el proceso penal debe ser "el último recurso".
En este sentido, ha dicho que en España se tramitan unos 9 millones de asuntos al año en los tribunales mientras que en Francia la cifra es de 6,5 millones, pese a contar con 20 millones más de ciudadanos, lo que Gallardón achaca precisamente al poco uso de los mecanismos alternativos a los tribunales.