MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado su "rotundo reproche" a los actos de protesta en los domicilios de diputados del PP, conocidos como escraches, al entender que constituyen "un auténtico acto de coacción profundamente antidemocrático".
El ministro ha recordado que él mismo fue víctima de estos "acosadores" que no venían por su condición de miembro del Ejecutivo, sino con el objeto de condicionar su voto como integrante del Poder Legislativo.
"Me venían a amenazar con continuar si no votaba en un sentido determinado, me venían a decir que como diputado de Madrid, con el orgullo de estar en la lista de mi compañera Ana Mato, no tenía que obedecer a los ciudadanos y al interés general sino de acuerdo a un interés que, en todo caso, es particular", ha dicho.
El titular de Justicia ha dicho entender que los políticos con responsabilidades de Gobierno "soporten y convivan" con la crítica ciudadana y mediática, lo cual es "consustancial" y además "enriquece" la democracia. "Sería muy peligrosa la ausencia de crítica", ha remachado.
DESEO DE UNA MINORÍA
Eso sí, ha precisado que la crítica no puede venir acompañada de la violencia y ha advertido del peligro de que una minoría condicione la opinión salida de las urnas. "Hoy es por una causa que no genera reproche social pero mañana podría ser por causas espurias perjudiciales para el interés común", ha agregado.
Ha recordado que el Gobierno ha tramitado las denuncias correspondientes, que el Ministerio del Interior ha establecido sistemas de protección y que los tribunales y los fiscales son los competentes para analizar si este acoso es constitutivo de un acto ilícito. "Es un acto profundamente antidemocrático", ha concluido.
Gallardón ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o la titular de Sanidad Ana Mato.
Entre los asistentes, se encontraban varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.