MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró hoy que la prisión atenuada concedida al etarra José Ignacio de Juana Chaos "no tiene nada que ver con el concepto de beneficio penitenciario", que no se le ha aplicado un tercer grado sino prisión atenuada y que en el caso de este preso en huelga de hambre "lo primero era salvar su vida".
En declaraciones a Radio Nacional, Gallizo dijo que los informes médicos sobre el estado de salud del terrorista "eran muy concluyentes" sobre el "riesgo inminente" de que muriese y que en ellos se ha basado la decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, de los jueces y del Gobierno.
"Las leyes no distinguen de cuál es el origen que lleva a una persona a tener una situación grave de salud, simplemente nos dicen que ante una situación de deterioro grave de la salud de una persona hay que hacer lo posible por salvar su vida", agregó. "En nuestro sistema hay muchas persona enfermas, aquí mandamos a su casa, por decirlo de una manera coloquial, es decir, le aplicamos el tercer grado, prácticamente a una persona cada día por razones de salud y por lo tanto no es ninguna cosa excepcional el que se aplique en este caso".
La responsable de Instituciones Penitenciarias insistió en que la situación de José Ignacio de Juana se ajusta a la legalidad y no quiso dar su opinión personal. "Esta persona fue juzgada y condenada por unos artículos, uno de los cuales estaba dedicado a mí y llevaba mi nombre como título y mi foto en él. Los jueces han determinado qué era lo que eso significaba y, por lo tanto, yo no tengo ningún comentario que hacer", expuso.
"SALUD MUY DELICADA"
Preguntada acerca de por qué el preso entró a pie ayer por la tarde en el hospital de San Sebastián (Guipúzcoa) donde se encuentra ahora ingresado, Mercedes Gallizo respondió que la concentración de personas a las puertas del centro médico impidió otra cosa. "No había manera de sacar la camilla, ni siquiera una silla de ruedas, pero le aseguro que la situación de salud de esta persona es muy delicada y sobre todo se hacía con un riesgo inminente de muerte si persistía en no ser alimentado", reiteró.
Mercedes Gallizo insistió en que el ordenamiento jurídico "obliga además a las administraciones públicas a velar por el derecho a la vida de todo el mundo" y que a lo largo de este caso, en el que a su juicio "ha habido muchas decisiones difíciles", las personas que las han ido tomando "han tenido una actitud unánime y han entendido que lo primero era salvar su vida".
Entre esas decisiones, la directora de Instituciones Penitenciarias citó la tomada por la Audiencia Nacional de alimentar a la fuerza al preso, "decisión muy difícil y muy valiente". También, la de los médicos del hospital 12 de Octubre "de cumplir con una profesionalidad y humanidad extraordinaria ese mandato que les hacían los jueces, a pesar de tener que inmovilizar a esta persona y de los riesgos que estaban ellos mismos y el paciente corriendo, han trabajado de una manera extraordinaria".