Asegura que su nombramiento se realizó "atendiendo a los más estrictos principios de mérito y capacidad"
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cargado este jueves contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consideraron que no era idóneo para el cargo y contra el Tribunal Supremo por cuestionar su "proceder", al tiempo que ha defendido el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.
Así se ha pronunciado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso para someterse al examen de idoneidad en la Cámara Baja tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección, y en la que se ha referido a la sentencia del Supremo que apreció "desviación de poder" en el ascenso de Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal.
A su juicio, "el nombramiento propuesto y revocado en esa sentencia lo fue atendiendo a los más estrictos principios de mérito y capacidad". "Mantengo, y lo mantengo sin ambages, la siguiente reflexión: Solo la atribución de la primera categoría al fiscal general del Estado saliente le asegura una absoluta independencia", ha sostenido.
Esa fue la razón, ha añadido, que llevó a sus "predecesores a proponer para su ascenso a la primera categoría a los fiscales generales Juan Ortiz y María José Segarra Crespo, los únicos precedentes que tenemos en la carrera".
Al respecto, García Ortiz ha lamentado que en el fallo se realizasen "una serie de afirmaciones" sobre su proceder acerca de las que no ha podido pronunciarse. "No he sido parte ni como demandado ni como interesado ni he sido oído en el procedimiento. Unos severos términos que aprecian circunstancias subjetivas en las que mi parecer no ha sido escuchado, y sobre cuyas conclusiones no puedo ejercer ningún recurso", ha apuntado.
SOMETIDO A UN "TRIBUNAL DE HONOR"
Al hilo de este asunto, el fiscal general ha criticado que el CGPJ se pronunciase "como lo hizo" y sin darle "ningún tipo de audiencia". "Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos ocho vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues acudieron a fuentes que todavía son desconocidas para mí", ha expuesto.
Desde su punto de vista, "con un mínimo de rigurosidad se hubiera desmontado fácilmente otro de aquellos argumentos": "la demora en la ejecución de una sentencia firme". "El fiscal general no puede nombrar ni cesar a un fiscal, ni siquiera en cumplimiento de una sentencia firme, es competencia exclusiva del Gobierno de España. No puede demorar quien no puede hacer", ha aseverado.
García Ortiz ha criticado que el CGPJ, "en un plano completamente extrajurídico, haya pretendido extender su competencia al indicar cómo debe ejecutarse un fallo judicial, inmiscuyéndose así en procedimientos en curso".
En lo referido a los citados vocales conservadores del CGPJ, García Ortiz ha calificado de "sencillamente inaceptable" lo que considera una "injerencia, un exceso y una clara extralimitación de competencia" por su parte al atribuirse "ex novo una función de fiscalización" a pesar de ser "una menguada mayoría".
LOS VOCALES "NO ATINAN" CON SUS DATOS
Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que "seis de los ocho vocales que ahora sostienen que el Consejo General del Poder Judicial debe valorar la idoneidad y oportunidad" de su "nombramiento justamente dijeron lo contrario el día 17 de noviembre de 2016 a cuenta de la audiencia para el nombramiento de José Manuel Maza".
En este contexto, García Ortiz ha asegurado que "tampoco atinan los vocales con los datos utilizados" al juzgarle. "Durante esta etapa se han realizado 44 nombramientos discrecionales, no 33 como afirman en su informe, y sólo 10 de los fiscales propuestos forman parte de la Unión Progresista de Fiscales, según ha confirmado esta organización", ha matizado.
García Ortiz ha sostenido que "ni siquiera" él como fiscal general del Estado puede "conocer la identidad de la afiliación a las tres asociaciones legalmente constituidas" porque "no existe un registro público de asociados ni existe la obligación de significarse". "Por eso no puedo dejar de sorprenderme de que esos ocho vocales del Consejo conozcan la adscripción asociativa de los fiscales", ha añadido.
El fiscal general también se ha referido al hecho de que los vocales avisen sobre "una deficiente dirección para el correcto funcionamiento de la Fiscalía". "Como lo oyen, señorías, la mayoría del órgano de gobierno de los jueces se atreve con esta insólita afirmación alegando que la circular de la Fiscalía General del Estado dictada con motivo de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', fue considerada improcedente por el Tribunal Supremo", ha explicado.
NO ADOPTARÁ "POSICIONES PARTIDISTAS"
García Ortiz, que lo considera "un inadmisible ataque a la autonomía de todos los fiscales", ha dejado claro que bajo su jefatura la Fiscalía "abonará siempre aquella interpretación jurídica que mejor proteja y ampare a las víctimas".
Por último, se ha referido al hecho de que los vocales afirmen que "en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometido al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial". "Un comentario desde luego impropio de juristas de reconocido prestigio. Flaco favor hace este caducado Consejo a una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal", ha espetado.
Así las cosas, García Ortiz ha dejado claro que defenderá a cualquier fiscal que "pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña". "Tengan por sentado que este fiscal general amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas", ha aclarado.
Eso sí, el fiscal general ha querido señalar que nunca adoptará "posiciones partidistas" ni actuará "conforme a criterios políticos". "Insisto que este fiscal general mantendrá siempre una posición objetiva y neutral y no emitiré ninguna declaración política partidista de ningún partido. No me corresponde a mí juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política. El campo de la política tiene unas reglas de juego, el campo de lo jurídico tiene otras", ha zanjado.
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