García Ortiz se dispone a cubrir la vacante de un fiscal jefe de penal del TS mientras el tribunal decide si le imputa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. - Carlos Castro - Europa Press
Publicado: martes, 24 septiembre 2024 18:38

Dos fiscales del 'procés' y el que se opuso a investigar por terrorismo a Puigdemont figuran entre los que optan al cargo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sacará adelante en el Consejo Fiscal previsto para este miércoles nueve nombramientos discrecionales, uno de ellos para cubrir la vacante por jubilación que ha dejado uno de los jefes de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), justo cuando la sede judicial debe decidir si le imputa por presunta revelación de secretos.

Fuentes fiscales precisan a Europa Press que a la plaza de fiscal jefe de lo Penal del Supremo que ha dejado Joaquín Sánchez-Covisa se presentan Javier Zaragoza y Jaime Moreno --dos de los fiscales del 'procés'--. Ambos se negaron a acatar la orden del fiscal general de pedir que se aplicara la amnistía a la malversación que se le atribuye a los encausados y condenados por el 'procés' en el TS.

A esta plaza también se ha postulado el fiscal Álvaro Redondo, quien se opuso a que el Supremo investigara a Puigdemont por terrorismo en el marco de la ya archivada causa de 'Tsunami Democràtic'. Su criterio levantó discrepancias en el seno de la Fiscalía y conllevó que se reuniera la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del TS, que ante el choque de posturas de sus jefes terminó dejando el asunto en manos de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, quien avaló su postura.

POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES

Las fuentes consultadas aseguran que hay miembros del Consejo Fiscal que barajan poner mañana sobre la mesa que el fiscal general debería abstenerse de proponer a su candidato para la plaza de jefe de lo penal del Supremo mientras el tribunal delibera si le investiga o no a raíz de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos. Voces dentro del órgano consultivo consideran que, en este nombramiento, García Ortiz tiene un problema de conflicto de intereses.

Cabe recordar que este y los otros ocho nombramientos son discrecionales y que el órgano consultivo del Ministerio Público puede pronunciarse en el Pleno fijado para mañana a las 9.30 horas, pero su criterio no es vinculante.

Además de plantear a su candidato para fiscal jefe de penal del Supremo, este miércoles el fiscal general tiene previsto proponer a sus elegidos para cubrir otras dos plazas en el Supremo: una en la Sección Civil y otra en la Sección Penal.

A la plaza en la Sección Penal se ha postulado Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid que asegura que fue el propio García Ortiz quien dio la orden de publicar la nota informativa por la que la pareja de Díaz Ayuso se ha querellado.

Según las fuentes consultadas, la fiscal de Anticorrupción Teresa Gálvez --conocida por el 'caso Púnica'-- se ha presentado tanto para la plaza en la Sección Civil como en la de la Sección Penal.

EL FISCAL DEL 'CASO BEGOÑA GÓMEZ', CANDIDATO A LA AN

También se prevé que García Ortiz proponga nombramientos fuera del Tribunal Supremo. Constan una plaza en la Audiencia Nacional; una en la Fiscalía Superior de Cantabria; una plaza de teniente fiscal en Aragón, otra en Asturias y otra en Valencia, donde también hay vacante una plaza de fiscal jefe.

El fiscal de Madrid a cargo del denominado 'caso Begoña Gómez', José Manuel San Baldomero, se ha postulado para el cargo vacante en la Audiencia Nacional, según han precisado las fuentes.

Cabe recordar que fue el pasado 2 de septiembre cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de los destinos vacantes y sus respectivas convocatorias.

Al margen, en el orden del día fijado para este miércoles consta también que se informe sobre el candidato a ocupar el cargo de promotor de la acción disciplinaria en la Fiscalía, toda vez que caduca el mandato de Manuel Moix.

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