Garzón cree que la sentencia de Alsasua es "contradictoria" y las penas "desproporcionadas"

Critica que "las tres fuerzas reaccionarias" han usado este caso como propaganda para "acabar con los cimientos de las garantías civiles"

VALENCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha considerado este jueves que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Alsasua es "contradictoria" al mantener las penas pese a descartar terrorismo en la agresión y por eso I-E pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez que indulte a los jóvenes condenados. Asimismo, ha criticado que "las tres fuerzas reaccionarias" hayan usado este caso para "acabar con los cimientos de las garantías civiles".

Garzón, en una rueda de prensa en Valencia, ha comentado que la sentencia de la Audiencia Nacional "sugiere contradicciones" porque aunque señala que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en esta localidad "no se puede calificar de terrorismo" al mismo tiempo "el mantenimiento de las penas no está en concordancia con el cambio de calificación".

En esta línea, ha considerado que la sanción es "absolutamente desproporcionada con respecto a unos hechos que de forma notaria no pusieron en peligro la vida de nadie" y que, incluso, en algunos puntos "pudieron considerarse una mera trifulca de bar, que pudieron tener elementos ideológicos como parece que se acusa en el juicio" pero ha señalado que "condenas de más de diez años de prisión por estas circunstancias es absolutamente desproporcionado".

En ese sentido, ha mantenido que "el tiempo que ya han pasado en prisión los causados" es "ya excesivo" y "debería se suficiente". Por eso, ha explicado que I-E ha pedido al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que "aproveche la situación para hacer justicia" y "empiece a tramitar un indulto a estos jóvenes que han sido víctimas de una operación de la derecha reaccionaria para crear un clima que ha conducido a esta sentencia".

En esta línea, ha lamentado que "las tres fuerzas reaccionarias" de España han usado este caso como "propaganda política" para "acabar con los cimientos de las garantías civiles" que "todo ciudadanos debe tener".