El Gobierno acuerda con ERC financiar la incorporación de 3.739 agentes de Mossos, hasta superar los 22.000 en plantilla

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha acordado con ERC dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que el Ejecutivo central financie la incorporación de 3.739 efectivos más de los Mossos d'Esquadra, hasta alcanzar una plantilla final de 22.006 efectivos.

Así consta en el acuerdo firmado este jueves por PSOE y ERC dentro del punto 4, sobre "Gestión singular" de cuestiones bilaterales relativo al "principio de suficiencia financiera", y cuyo primer punto versa sobre los Mossos d'Esquadra.

El documento se remite al acuerdo del 5 de noviembre de 2021 de la Junta de Seguridad de Cataluña para, dice textualmente, "ampliar los 18.267 efectivos actuales con 3.739 efectivos más hasta alcanzar una plantilla final de 22.006 efectivos".

En aquella junta, la primera que se celebraba tras tres años sin reuniones bilaterales en materia de seguridad, fue presidida por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y acordó la ampliación en torno al 20% de la plantilla de la policía catalana.

Con el aumento de mossos, ambos partidos consideran que se conseguirá una ratio de 2,628 agentes por cada mil habitantes, frente a la ratio de 2,365 agentes establecida en 2006, lo que se considera como una cifra "actualizada y adecuada a las futuras necesidades operativas y al incremento poblacional en la Comunidad".

"El Gobierno se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030, el resultado de aplicar al módulo acordado, la diferencia entre el número de efectivos de Mossos d'Esquadra certificado de cada año y los efectivos certificados de 2021", continúa el documento, que sostiene que este compromiso se adoptará mediante la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) entre el Estado y la Generalitat de Cataluña.

NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES E INMUEBLES DEL ESTADO

Dentro del apartado cuarto sobre "Gestión singular", ambos partidos mencionan la "actualización de los módulos de valoración de los nuevos órganos judiciales", y dice que "se aplicará a los futuros traspasos derivados de la constitución y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

"Se aprobará el módulo de gastos generales de funcionamiento incrementado en el 26,6% para una mejor adecuación con los costes efectivos de la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos judiciales", detalla el texto.

El acuerdo PSOE-ERC incluye también un punto sexto que recoge que se constituirá una comisión entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de "estudiar la situación de los inmuebles titularidad del Estado y desarrollar un trabajo conjunto de optimización de su parque inmobiliario entre las dos administraciones".

En este sentido, precisa que este estudio sobre inmuebles se hará "para ponerlo al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat, siempre en el marco de la mejora del interés general y el mejor servicio público".

SERVICIOS PENITENCIARIOS

En lo calificado como "gestión singular" se contempla un punto sobre financiación de servicios penitenciarios, que se remonta al traspaso de competencias en materia penal de 1984 porque registró una "importante entrada de recursos humanos y materiales en un momento de despliegue sistema penal catalán".

"Posteriormente se paralizó la oferta pública de empleo y convocatoria de nuevos procesos selectivos de acceso a este cuerpo", continúa el texto, que añade un compromiso para que "pueda gestionar la jubilación de hasta 1.397 efectivos hasta el 2030".

Por lo que respecta a la financiación ordinaria de la ejecución penal, el documento apunta que "es necesario adecuar la financiación estatal a su coste real teniendo en cuenta los impactos normativos aprobados desde entonces".

"A este efecto, en el primer semestre de 2024 se convocará a la Comisión correspondiente para evaluar el impacto que haya tenido la normativa estatal sobre la prestación de los servicios penitenciarios", añade.