MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la concesión directa de dos subvenciones dirigidas a financiar la exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista. Las actuaciones se llevarán a cabo en Ciudad Real y Colmenar Viejo (Madrid) y ascienden, en total a 256.000 euros.
En el caso de Ciudad Real, la subvención será de 150.000 euros, va destinada a la diputación provincial y estará destinada a financiar las actuaciones que se lleven a cabo en las fosas del cementerio municipal. Estas fosas constituyen uno de los lugares donde se concentran un mayor número de cuerpos pendientes de exhumación con represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Según el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en este lugar habría más de 1.200 cuerpos enterrados. La ayuda irá destinada a sufragar gastos vinculados a labores de prospección, apertura de fosa, análisis forense, pruebas genéticas, búsqueda de familiares, filmación de testimonios, digitalización de materiales y acciones de reparación y restitución a los familiares.
La otra subvención asciende a 156.000 euros e irá destinada a continuar el proceso de búsqueda, exhumación e identificación iniciado el pasado mes de agosto en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo.
La ayuda, sin embargo, va destinada al ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) porque los ayuntamientos de Colmenar Viejo, Moralzarzal, Soto del Real, El Molar, Miraflores de la Sierra, y Manzanares el Real, han aceptado la representación del citado municipio para desarrollar las actuaciones oportunas en este proceso.
En Colmenar, por tanto, deben concluirse las excavaciones en el cementerio civil, realizar un estudio "osteológico" de cada cuerpo exhumado y tomar muestras biológicas de los familiares disponibles para llevar a cabo la comparación genética correspondiente.
El Ministerio recuerda que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática es el Estado quien asume las exhumaciones de las fosas comunes, una tarea que antes recaía en los familiares de las víctimas o en las distintas asociaciones, según apuntan.