El Gobierno buscará aval de las Cortes para firmar acuerdo de la UE con Reino Unido

Pide informes a sus servicios jurídicos sobre las restricciones del Ejecutivo en funciones

MADRID/BRUSELAS, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno necesitará el aval de las Cortes para firmar estando en funciones un eventual acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el nuevo marco de relaciones con Reino Unido que están negociando y que podrían acordar en la cumbre europea de los próximos 18 y 19 de febrero.

Esta es al menos la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del Estado, a los que el Ejecutivo les ha pedido informes para dilucidar si está en condiciones de firmar un acuerdo internacional de tal calado y tan atípico también, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

La Ley 50/1977 en su artículo 21 limita la gestión de un Gobierno en funciones "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Tras analizar de manera urgente la propuesta de acuerdo con Reino Unido difundida esta semana por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, los servicios jurídicos no tienen dudas: "el Gobierno debe buscar un mecanismo para superar la restricción" que en este aspecto impone la Ley del Gobierno a un Ejecutivo en funciones.

Y no ven más opción que comparecer en las Cortes con el fin de obtener un mandato "abierto" para poder negociar los últimos flecos de la propuesta y firmar el acuerdo final. De lo contrario, las fuentes consultadas ven "muy complicado" que el Gobierno pudiera firmar un acuerdo que establece una serie de compromisos de obligado cumplimiento para el Ejecutivo siguiente.

Los servicios jurídicos no ven trascendente que sea el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, u otro representante del Ejecutivo el que acuda al Parlamento en busca de ese aval.

Si en un primer momento los socialistas exigieron que fuese Rajoy, este viernes han registrado una petición formal de manera conjunta con Ciudadanos para pedir que cualquier miembro del Ejecutivo comparezca ante el Pleno del Congreso antes del Consejo Europeo de los días 18 y 19, para que salga de ella una resolución consensuada entre todos los grupos parlamentarios, dada la situación de "interinidad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defiende que sea el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, quien informe a los grupos en la Comisión parlamentaria correspondiente del estado de las negociaciones con Reino Unido.

Esta comparecencia se celebra siempre de manera previa a un Consejo Europeo, aunque en esta ocasión la vicepresidenta ha ofrecido a que se haga un poco antes, de forma previa a la reunión de ministros europeos de Exteriores que preparará la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

PRIMEROS CONTACTOS

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya ha iniciado una ronda de contactos con los grupos más numerosos para abordar con ellos "la evolución de las conversaciones y trabajos que en el seno de la UE se van a producir como consecuencia del asunto de la permanencia del Reino Unido en la UE".

En Bruselas, mientras tanto, no se percibe preocupación por la situación de interinidad del Gobierno español. Fuentes europeas recuerdan que no es inusual que la firma de un acuerdo trascendente coincida con alguno de los 28 Gobiernos de la UE en funciones y señalan que corresponde a cada país asegurarse de que están en condiciones de adoptar decisiones en el Consejo de la UE. De hecho, en la próxima cumbre habrá otro país en funciones, Irlanda, que tiene elecciones a finales de mes.

El aspecto más polémico y conflictivo de la propuesta de acuerdo para revisar los vínculos de Reino Unido con el resto de la UE tiene que ver con el mecanismo de "alerta y salvaguarda" que incluye y que permitiría a Londres limitar las prestaciones sociales a los trabajadores europeos durante sus primeros años en el país, siempre que contara con el visto bueno previo de los Veintiocho.