MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes conceder a México la extradición de Diego Gabriel Cruz Alonso, después de que la Audiencia Nacional confirmase a principios de este mes la entrega de este miembro del denominado clan de los Porkys', acusado de violar a una menor en el país centroamericano.
Según informa el Ministerio en una nota, el acusado se encuentra en prisión provisional desde su detención en Madrid el pasado 11 de junio. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó por su parte su entrega en un auto en el que desestimaba el recurso presentado por la defensa contra la decisión adoptada en su día por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional favorable a la extradición.
La Sala de lo Penal dijo en un auto que se hizo público el pasado 7 de diciembre que no hay necesidad de "dividir la continencia de la causa" y que el juicio se debe realizar en México junto a los otros acusados de violar a la menor. En este sentido, entiende que no hay que atender a la doble nacionalidad de Cruz Alonso ya que no ha residido en España anteriormente a la realización de los estudios de grado que desarrolló en la Universidad Europea de Madrid.
Siguiendo el argumento del Ministerio Público, el Pleno defendió que de la declaración de la víctima se concluye que se actuó sobre ella empleando "violencia y/o intimidación" buscando un propósito. Asimismo, rechazó la alegación de la defensa de Cruz Alonso en relación a que lo declarado por la menor eran contradictorios con los hechos imputados.
VÍCTIMA DE AMENAZAS
El tribunal integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Ana María Rubio decidió entregar a Diego Gabriel Cruz Alonso a México al no dar credibilidad a sus manifestaciones durante la vista oral en la que se estudiaba el expediente de extradición. Según explicó en el turno de uso de la última palabra, había sufrido amenazas, coacciones y extorsión por parte del padre de la víctima.
El acusado también contó al tribunal que el familiar de la menor le encerró a él y otros tres amigos, acusados también de ser autores de dicha agresión en un despacho, donde les amenazó con un arma a grabar una "disculpa" de algo que no habían cometido.
"Estábamos secuestrados y las salidas estaban bloqueadas", aseguró entre lágrimas el joven de 21 años, al leer un manuscrito en su uso de la última palabra. "Soy cien por cien inocente de lo que se me acusa, no hay pruebas en contra (...) el padre de la denunciante dijo que estábamos vivos de milagro y que había investigado a nuestras familias durante semanas", añadió durante su declaración.