El Gobierno creará un comité interministerial especializado en inmigración irregular ante la "presión" fronteriza

El objetivo es "absorber esta presión migratoria de un modo inteligente, humanitario y razonable para el interés nacional"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está ultimando la creación de un comité interministerial especializado en inmigración irregular debido a la "importancia" de este asunto y sobre todo a la "presión migratoria" que están sufriendo las fronteras del sur de la UE, que son las españolas.

Así lo ha anunciado este martes el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso para presentar el informe anual 2013 del Consejo de Seguridad Nacional.

Ante las inquietudes mostradas por algunos portavoces parlamentarios sobre el reto que para la seguridad nacional suponen los flujos migratorios, Moragas ha explicado, "la necesidad de absorber esta presión migratoria de un modo inteligente, humanitario y razonable para el interés nacional" ha llevado al Consejo de Seguridad Nacional a decidir en una de sus últimas reuniones la "creación de un comité especializado en inmigración irregular que integraría los departamentos más afectados".

Moragas ha avanzado que, en principio, formarían parte de este comité los ministerios de Interior, Empleo, Sanidad y Servicios Sociales, además de la propia Presidencia del Gobierno. En cualquier caso, ha dicho que el Ejecutivo explicará "este año" en las Cortes Generales esta decisión, lo que probablemente se produzca a partir de septiembre, que es cuando comienza el próximo periodo de sesiones.

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MARROQUÍ

El informe anual de seguridad nacional hace extensivo a toda la UE el reto que plantean los flujos migratorios y advierte de que "cabe esperar que en la frontera sur persista una significativa presión migratoria ejercida por la importante presencia de inmigrantes subsaharianos en territorio marroquí".

Algunos portavoces, como Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y Emilio Olabarria, del PNV, han mostrado su preocupación por la actuación de la Policía de Marruecos. Ambos han hablado de una autoridad "de facto" por parte de la Gendarmería marroquí a la hora de abordar este asunto y sin ofrecer "ninguna garantía" de respeto a los Derechos Humanos.

Olabarria ha hablado directamente de la "utilización" de las fuerzas marroquíes como "barrera" contra la inmigración irregular, pero ha dicho que los recortes presupuestarios por la crisis están provocando que la "financiación" de la Gendarmería conlleve una "menor beligerancia de ésta" para impedir los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla.

Moragas ha rechazado cualquier insinuación acerca de que el Gobierno pueda financiar en parte a la Gendarmería marroquí, tras lo cual ha calificado de "excelente" la colaboración entre las autoridades del reino alauí y las españolas.

PRIORIDAD PARA LA NUEVA COMISIÓN EUROPEA

Además, ha insistido varias veces en la "importancia" que el Gobierno da al reto de los flujos migratorios y prueba de ello es que esta cuestión va a ser una "prioridad" de la nueva Comisión Europea. "Hay que hacer piña en Europa y hemos conseguido que se fije como prioridad en la UE", ha comentado.

Los portavoces parlamentarios también han preguntado a Moragas sobre la referencia que el informe de seguridad nacional hace de la situación de la banda terrorista ETA, que incluye dentro del denominado "terrorismo autóctono".

Concretamente, el documento señala que la organización se encuentra "estratégicamente muy debilitada y en una situación mucho peor" que en años anteriores, si bien considera que "no tiene intención de disolverse, sino que pretende perpetuarse como agente político e impulsar y favorecer la actividad de la izquierda abertzale".

Además, apunta que "el estado de los presos de ETA continúa siendo una de las cuestiones sobre las que la organización terrorista fundamenta su estrategia de actuación" y que por eso, "de cara a 2014 se consolida el nivel de alerta y control respecto a cualquier iniciativa que la organización terrorista y sus dirigentes realicen en dicho ámbito", expone el informe.

PREGUNTAS SOBRE ETA

A este respecto, la portavoz de UPyD, Irene Lozano, ha preguntado a Moragas si, basándose en este planteamiento, el Gobierno ya no considera a ETA como un problema de seguridad, sino como un problema político, mientras que Olabarria ha querido saber si ese "aparato político" del que habla el documento se refiere concretamente a los "partidos legalizados por el Tribunal Constitucional". "Si de lo que hablan es de partidos legalizados, la reflexión (del informe" se nos antoja temeraria y antidemocrática", ha afirmado.

También el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha comentado este tema, ya que considera que en el documento hay un "desenfoque importante" porque, a su juicio, el Gobierno "sigue teniendo la visión del pasado de que todo es ETA".

En su opinión, el Ejecutivo debería haber mencionado también en el texto que "ETA ha decidido dejarlo definitivamente y lo ha hecho público" porque es "un dato significativo al que no se hace alusión". Además, ha criticado que la política penitenciaria se incluya como "un problema de seguridad" porque, a su juicio, debería ser objeto de un "diálogo político".

"Ahora que ETA lo ha dejado, si ustedes siguen en esta línea, se puede alargar cinco años más el fin definitivo de esta cuestión. Es interés de Amaiur que esto acabe cuando antes. En vez de hablar de temas que son del pasado, vamos a hablar y a dialogar del futuro", ha subrayado.

EL ESTADO SEGUIRÁ PERSIGUIENDO A LA BANDA

Moragas se ha limitado a contestar que lo que hace el Gobierno en el informe es "reiterar que ha sido el Estado de Derecho el que ha derrotado a ETA y que seguirá persiguiéndola". "Lo que tiene que hacer ETA es disolverse y ponerse a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha añadido.

Dirigiéndose directamente a Larreina, ha remarcado que la seguridad nacional es "la mayor garantía para nuestras libertades como ciudadanos" y que esta es la única ideología que inspira el informe que ha presentado.

Algunos portavoces parlamentarios, entre ellos el socialista José Enrique Serrano, han reprochado a Moragas que el documento sólo haga referencia a la proliferación de grupos extremistas de ideología anarquista y no a los de extrema derecha.

En este sentido, el secretario general de la Presidencia del Gobierno ha dicho que lo que aborda el documento son "las ideologías llevadas al extremo", pero ha admitido que al Gobierno le inquieta el "peligro real" que suponen grupos de extrema derecha como el del "desagradable intento de atentado" a la librería Blanquerna en Madrid el año pasado.

PLAN CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

Según Moragas, el informe menciona ciertos grupos, que en este caso son anarquistas, por su presencia en 2013 en incidentes durante manifestaciones y protestas, pero que el Gobierno no tiene "ningún inconveniente en constatar organizaciones de extrema derecha". Por todo ello, ha recordado que el Ministerio del Interior ya está trabajando en un "plan nacional contra la radicalización violenta".

Por lo demás, y ante las preguntas de UPyD, Moragas ha asegurado que es voluntad del Ejecutivo elaborar una Ley Orgánica de Seguridad Nacional, como así prevé la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada hace algo más de un año, si bien no ha dado fechas. "No es que sea urgente, pero sí importante. Esperamos que pueda presentarse antes de que finalice la legislatura", ha apuntado.

El secretario general de la Presidencia del Gobierno ha mostrado su voluntad de volver en septiembre al Congreso para resolver más dudas de los grupos parlamentarios sobre este informe anual de seguridad nacional, ya que por errores técnicos los portavoces sólo han podido tener acceso a él unas horas antes de la comparecencia y, según han reprochado, no han podido preparar bien sus intervenciones.