El Gobierno defiende la pulsera telemática de Juana Rivas tras cumplir en noviembre sanción de privación de permisos

El Ejecutivo sostiene que otros 10.778 presos disfrutaron de la misma modalidad de control telemático en 2021, más del doble que en 2018

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido la aprobación durante las pasadas Navidades de la pulsera telemática para Juana Rivas tras cumplir en noviembre una sanción de 30 días de privación de permisos impuesta por el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada donde cumplía condena por la sustracción de sus hijos. Además, ha revelado que otros 10.778 internos han disfrutado de la misma modalidad de control telemático en 2021, lo que supone más del doble que en 2018.

En sendas respuestas por escrito, consultadas por Europa Press, que da el Gobierno a una batería de preguntas registradas por Vox en el Congreso se detalla el expediente penitenciario de Juana Rivas y la concesión de la pulsera telemática en aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que se aprobó una vez "cumplidas las sanciones disciplinarias impuestas".

Los principales partidos de la oposición denunciaron un supuesto "trato de favor" hacia Juana Rivas al no ejecutar Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- tres partes de sanción en los seis meses que estuvo interna en régimen de semilibertad en el CIS Matilde Cantos de Granada, previo a la autorización de la pulsera telemática para que pasara la Navidad con sus dos hijos.

30 DÍAS DE PRIVACIÓN DE PERMISOS

Las sanciones derivadas del uso del teléfono móvil fueron tramitadas por la Comisión Disciplinaria del CIS granadino el 21 de septiembre de 2021, castigando a Juana Rivas a 30 días de privación de permisos: 15 días por la falta disciplinaria del artículo 109.a y otros 15 días por la falta disciplinaria del artículo 109.b.

"Las dos sanciones impuestas adquieren firmeza el 26 de octubre de 2021 y se ejecutan durante el mes de noviembre", según especifica el Gobierno, que también recuerda que, previamente, Juana Rivas recurrió la decisión al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Andalucía. "A la vista de lo anterior", alega, "cabe señalar que ningún parte fue archivado".

El Ejecutivo defiende, asimismo, el proceso de concesión del tercer grado para Juana Rivas, cuya pena quedó reducida de dos años y medio a un año y tres meses de prisión, tras la concesión de un indulto parcial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre pasado.

Tras el tercer grado, en diciembre se acordó otorgarle una pulsera de control telemático "con ocasión de la revisión de grado ordinaria" que se realiza cada seis meses a todos los internos. Al tratarse de un cambio en la modalidad de vida en este caso con aplicación de las previsiones que contempla el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, tal decisión no requirió resolución posterior del Centro Directivo.

En esta última decisión, según especifica el Gobierno, se tuvo en cuenta la actividad laboral como autónoma de Juana Rivas, así como la "evaluación positiva del psicólogo" según el tratamiento impuesto por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la finalización del cumplimiento de las sanciones impuestas.

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO

Ante las dudas planteadas por Vox, el Gobierno especifica en otra respuesta con fecha de 23 de febrero que el tratamiento penitenciario es individualizado. "Cada persona privada de libertad tiene, y ha de tener, su propio itinerario tratamental", señala, recordando que en la supervisión participan "equipos cualificados de especialistas".

En este sentido, aporta los datos sobre los internos que disfrutan de dispositivos de control telemático por la vía del artículo 86.4, mostrando la evolución al alza desde 2018 --el primer año del Gobierno de Pedro Sánchez--, cuando había 4.982 presos con esta pulsera que facilita poder pernoctar fuera del establecimiento penitenciario, frente a los 10.778 en 2021. En 2019 había 5.657 pulseras y en 2020 fueron 10.196.

"En el caso de las clasificaciones y revisiones de grado, no existe ninguna exigencia legal o normativa que las vincule directamente y/o de forma inexorable a la existencia, o no, de sanciones. La valoración conductual y comportamental en cada caso es absolutamente libérrima en todos los y las profesionales que intervienen en las mismas", concluye el Ejecutivo.