Montero dice que la llamada "de cortesía" de Felipe VI a Lesmes para excusar su ausencia debió quedar en el ámbito de "la discreción"
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que no cree que "en ningún momento el Rey haya vulnerado la neutralidad constitucional y democrática que le exige la ley" con su llamada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para excusar su ausencia --por decisión del Ejecutivo-- en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces del pasado viernes en Barcelona.
No obstante, Montero sí cree que lo que fue una "llamada de cortesía", tal como lo definió la Casa del Rey, debió quedar "en el terreno de la discreción". Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la llamada que el propio Lesmes reveló que había recibido por parte del monarca, para trasladarle que le hubiera gustado estar en el acto de Barcelona.
En todo caso, la portavoz se ha desmarcado, en nombre del Gobierno, de las acusaciones de falta de neutralidad lanzadas contra el Rey por parte del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y las ha enmarcado en una posición de partido de Unidas Podemos.
"Es el primer Gobierno de coalición de la historia conformado por dos formaciones políticas que tienen coincidencias extraordinarias en muchas de las políticas pero que también, al ser dos partidos diferentes, tienen diferencias respecto a cuestiones como las que se han expresado en la última semana", ha ahondado.
"EL GOBIERNO DEFIENDE TODAS LAS INSTITUCIONES, SE LLAMEN MONARQUÍA O CGPJ"
En este sentido, Montero ha remarcado que "lo importante" es que el Ejecutivo ha fijado su posición a este respecto "de manera clara", que pasa por cumplir la Constitución "desde la A a la Z" y defender "todas las instituciones, se llamen monarquía, u órgano de gobierno de los jueces".
En este punto, la portavoz ha aprovechado para cargar duramente contra el PP, advirtiendo de que es esta formación la que en realidad le está haciendo un "flaco favor" a la jefatura del Estado con su intento de "patrimonializar en exclusiva" la figura del Rey, "por puro interés partidista". "Se hace mucho daño a la jefatura del Estado", ha sentenciado.
EL PP, "EN REBELDÍA"
Además, ha denunciado que mientras el PP critica al Gobierno por la polémica con el Rey y cuestiona su defensa de la monarquía, la formación de Pablo Casado sigue sin querer negociar la renovación de los órganos constitucionales, "en una especie de rebeldía, de insumisión" a la Constitución.
"Nosotros vamos a seguir haciendo este ejercicio de protección de todas las instituciones, se llamen monarquía parlamentaria, Consejo General del Poder Judicial o cualquier otra que este Ejecutivo tiene la obligación de proteger porque está convencido del papel democrático que juegan en nuestra actualidad política", ha enfatizado, volviendo a comparar así la defensa de la monarquía de la de otras instituciones, como el CGPJ.
Por otra parte, preguntada por el hecho de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificara la decisión del Gobierno de no permitir que el Rey fuera a Barcelona para "velar por la convivencia" en Cataluña, Montero ha defendido que le que trata de hacer el Ejecutivo es "bajar la tensión" y defender que las cosas "hay que tomarlas con calma y reflexionar", frente a los intentos de otros de "exagerar" y "dramatizar" cualquier situación.
"Lo que hizo es un llamamiento a evitar dramatizaciones y a intentar respetar todas las instituciones, incluidas las que necesitan renovación urgente porque están caducadas", ha señalado, antes de volver a cargar contra el PP, por negarse a negociar.
Así, ha criticado a los que se "rasgan las vestiduras y se autoproclaman constitucionalistas cuando se refieren a otros grupos", y cuando les corresponde a ellos ejercer la renovación de los órganos constitucionales, dan "un no por respuesta, sin más explicaciones que el desgaste del Gobierno".
Asimismo, ha reivindicado la tarea constitucional del Gobierno de refrendar al agenda de la jefatura del Estado --y, por lo tanto, de tomar las decisiones sobre en qué actos puede o no participar--. "Respeto absoluto a las actuaciones que se han llevado a cabo", ha apostillado.